Mal harían

La reciente suspensión de la jueza Nancy Juárez Salas, tras su controvertida orden de eliminar del Diario Oficial el Decreto de la Reforma Judicial, ha desatado una tormenta política que amenaza con socavar los cimientos mismos de la democracia mexicana. Este acto, lejos de ser un caso aislado, parece ser el preludio de una ofensiva más amplia contra el Poder Judicial, con rumores cada vez más fuertes sobre posibles juicios políticos contra los ministros de la Suprema Corte y su presidenta, Norma Piña.

Mal harían los legisladores de Morena en perseverar en esta senda de confrontación. La reforma judicial, ya aprobada y publicada, es un hecho consumado. Ensañarse ahora con quienes se opusieron a ella no sólo es innecesario, sino que además huele a una cacería de brujas cuyo único propósito parece ser la venganza política y la generación de ruido mediático.

Esta actitud beligerante no construye un mejor Poder Judicial ni fortalece el Estado de derecho. Por el contrario, socava la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia funcional. La judicatura debe poder ejercer su labor sin temor a represalias políticas, especialmente cuando sus decisiones no son del agrado del poder en turno.

Las consecuencias de este clima de exacerbada confrontación pueden ser graves y duraderas. En primer lugar, se corre el riesgo de polarizar aún más a una sociedad ya de por sí dividida. La percepción de que el gobierno está dispuesto a aplastar cualquier disidencia, sobre todo dentro del Poder Judicial, puede generar desconfianza y temor entre la ciudadanía.

Además, esta actitud puede tener repercusiones internacionales. México podría ser visto como un país que no respeta la separación de Poderes, lo cual podría afectar su imagen y credibilidad en foros internacionales, así como su atractivo para inversiones extranjeras.

Quizás lo más preocupante es el precedente que se estaría sentando. Si se normaliza la práctica de tomar represalias contra jueces y ministros por sus decisiones, se abre la puerta a un futuro donde el Poder Judicial esté completamente subyugado al Ejecutivo, erosionando uno de los contrapesos fundamentales en nuestro sistema democrático.

Mal harían también quienes, desde el gobierno o el Poder Legislativo, alimenten este clima de venganza y aniquilación. La fortaleza de una democracia se mide no por su capacidad de imponer la voluntad de la mayoría, sino por su habilidad para proteger los derechos de las minorías y respetar las instituciones que garantizan el equilibrio de Poderes.

Es momento de que todas las fuerzas políticas, especialmente aquellas en el poder, reflexionen sobre el camino que están tomando. La construcción de un México más justo y democrático no se logrará a través de la intimidación y el sometimiento del Poder Judicial, sino mediante el diálogo, el respeto a la ley y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

En conclusión, mal harían quienes persistan en esta estrategia de confrontación. El costo político y social de estas acciones podría ser mucho mayor que cualquier beneficio a corto plazo que se pudiera obtener. Es hora de reconsiderar el rumbo, de apostar por la concordia y el respeto mutuo entre poderes. Sólo así podremos aspirar a un verdadero Estado de derecho y a una democracia madura y funcional.