Rubén Rocha Moya no construyó un gobierno: levantó un fuerte. La prueba está en el papel firmado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Diez nombres, diez piezas, diez posiciones que, en cualquier estado, descansan en personas distintas, en lealtades cruzadas, en pesos y contrapesos mínimos. En Sinaloa, durante los últimos cuatro años, descansaron en un solo círculo. Y ese círculo, según el Departamento de Justicia, conspiró con Los Chapitos para traficar drogas y armas, intimidar candidatos en 2021, robar boletas y —en lo que constituye la acusación más grave— prestar el aparato del estado al servicio del cártel.
Léase la lista con calma. El gobernador. El senador Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno con Rocha. El alcalde de la capital, Juan de Dios Gámez. El vicefiscal del estado, Dámaso Castro. Los exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega. Y media docena de mandos policiacos identificados en el expediente con sus apodos: Cholo, Tornado, Juanito. La cadena entera de mando, en una sola lista, en una sola corte, bajo una sola acusación.
Conviene detenerse en una pieza: el vicefiscal. Dámaso Castro pidió licencia apenas este martes, a casi una semana de la acusación, tres días después de que el gobernador y el alcalde dejaran sus despachos, y sólo unas horas después de que la fiscal general del estado anunciara que ya se “analizaba” su separación. Hasta esa tarde, el funcionario que, en teoría, persigue al narco en Sinaloa —a quien el Distrito Sur acusa de cobrar alrededor de 11 mil dólares mensuales de Los Chapitos—, seguía en su escritorio. Cada pieza del fuerte se mueve sólo cuando la siguiente ya no puede sostenerla.
A esa fotografía hay que sumarle la sucesión. Rocha pidió licencia el viernes. El Congreso local, dominado por Morena, lo despachó el sábado a las ocho de la mañana, en sesión extraordinaria, con resguardo militar en los accesos. Y nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, su secretaria general de Gobierno desde octubre, su delfín anunciado meses atrás por el propio Rocha. En su toma de protesta, Bonilla le habló al gobernador con licencia y le dijo: “Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos”. Es decir, sabemos que es inocente. Primera frase del interinato, primera defensa del antecesor. Continuidad declarada.
Conviene detenerse también en la palabra que comparten Rocha, Gámez y Castro: licencia. Ninguno renunció, ninguno dimitió, ninguno reconoció siquiera que un señalamiento de esta magnitud —complicidad con un cártel, intimidación electoral, sobornos en dólares, una muerte de la DEA— merezca la salida definitiva. Licencia significa, en la práctica, conservar el fuero, el escritorio, el sueldo en pausa, pero no perdido; la opción de volver, intacta. No abandonaron el aparato; lo dejaron entreabierto. Y la sustitución del primero recayó en la integrante más cercana de su propio círculo. Es la diferencia entre quitarse el uniforme y colgarlo, dobladito, en el clóset. La licencia, en política mexicana, viene siendo el equivalente cívico del “ahorita vuelvo”.
Luisa María Alcalde corrigió a Estados Unidos: no es extradición, es detención provisional, y aun así no procede. Sheinbaum elevó la disputa a su registro constante, el de la soberanía: una oficina del Departamento de Justicia en Nueva York, dijo, no puede dictar la política mexicana. La estrategia es nítida: ganar tiempo, exigir pruebas, fragmentar la conversación en tecnicismos del tratado bilateral y rezar porque el Distrito Sur parpadee.
Tal vez parpadee. Tal vez no. Lo que difícilmente parpadeará es la lista. Es un expediente presentado el 23 de abril ante una corte federal, con cargos formales, con la mención específica de una reunión en junio de 2021 con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, y con la imputación —no menor— de complicidad en el asesinato de un colaborador de la DEA. Esos papeles existen. Las pruebas, según la FGR, no están todavía en México. Pero existen, en algún archivo del Distrito Sur, esperando.
El fuerte aguanta. Por ahora. La pregunta es si lo que se defiende detrás de sus muros es la soberanía nacional o solamente el perímetro.