Diez años

No debieron morir. La consigna que no ha cesado en una década, la que no dejará de escucharse sino hasta que llegue esa justicia que, sabemos, no le devolverá la vida a nadie, pero que dará castigo a quienes fueron responsables de esa larga cadena de omisiones que permitieron que aquella tarde del viernes 5 de junio de 2009, la Guardería ABC se cubriera de llamas, que al extinguirse apagaron la vida de 49 pequeñitos.

Porque es acaso ésta la única manera en que los padres, los hermanos, los abuelos, los amigos de esos niños podrán descansar, acomodar su dolor en un rincón de su corazón que les permita la calma; lo que hasta hoy no han logrado porque la impunidad se los ha impedido.

“Este sitio para nosotros, padres y madres, representa la memoria convertida en denuncia, hecha objeto imposible de evadir y es un recordatorio para hablarles a futuras generaciones, a quienes les pedimos que no olviden, que volteen hacia atrás para que la desgracia no se repita...”, expresaron ayer algunos de los padres que se manifestaron en el antimonumento frente a las oficinas del IMSS en Paseo de la Reforma.

Porque la justicia no sólo es para las víctimas, marca también un antecedente, es aprendizaje para el Estado mismo.

Y éste es nuestro mayor pendiente: la falta de disciplina, de castigos ejemplares, de reconocimiento de responsabilidades.

Y sí, claro, también de la corrupción que es la primera grieta por la que entra la posibilidad de tragedias como ésta.

“Diluir la responsabilidad de los altos funcionarios públicos es vaciar de contenido la rendición de cuentas. La responsabilidad del Estado por violaciones graves a los derechos humanos no puede desaparecer en un mar de formalismos y de procesos mediante los cuales, al final, nadie es responsable de los hechos o lo son sólo los niveles más modestos de la cadena de mando. Para hacer responsable al Estado frente a eventos como éste, es indispensable que los servidores públicos asuman su responsabilidad de las instituciones que se encuentran a su cargo y que enfrenten consecuencias reales cuando éstas fallan estructuralmente...”, escribió Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, en Milenio.

Él, uno de los pocos que se atrevieron y se colocaron del lado de las víctimas, quien tras lo ocurrido en la Guardería ABC presentó un proyecto preciso que, desde la trinchera del Poder Judicial abría la puerta para que se señalaran responsabilidades en todos aquellos involucrados en el caso, comenzando por la punta del organigrama, pero no sucedió.

Diez años después, ni un sólo funcionario de alto nivel ha sido procesado, sólo hay condenas a nivel local.

Por eso habrá sido una buena noticia para los padres de los pequeños fallecidos que el IMSS presente una denuncia penal ante la FGR, para que sean investigados al menos 25 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, incluido el exgobernador de Sonora, Eduardo Bourns. Para que se retome el proyecto del ministro presidente. También el compromiso para ofrecerles una disculpa pública, como lo anunció Alejandro Encinas, porque este acto simbólico les dice a esos padres que la puerta sigue abierta, que aún hay oportunidad para encontrar esa justicia que buscan y que el Estado necesita para fortalecerse.