La ONU: entre un pasado anquilosado y los retos del presente

A partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, y con mayor fuerza después de la ocupación israelí del territorio palestino y la ofensiva militar sobre Gaza, se ha esparcido como pólvora la idea de que “la ONU no sirve”. La frase aparece cada vez que un conflicto continúa, cuando una crisis humanitaria se prolonga o cuando el Consejo de Seguridad vuelve a quedar paralizado por un veto. Es una crítica comprensible frente a imágenes de ciudades destruidas, población desplazada y violaciones al derecho internacional que parecen prolongarse sin consecuencias suficientes. Pero hay un problema de origen en esa premisa: supone que Naciones Unidas es algo que nunca fue y que probablemente nunca podrá ser, un gobierno mundial con capacidad para imponer decisiones a los Estados soberanos.

El sistema de Naciones Unidas no tiene un ejército propio con el cual pueda intervenir unilateralmente en un conflicto ni puede obligar a una gran potencia a modificar su conducta porque así lo decida la organización. Su Consejo de Seguridad depende de la voluntad política de sus miembros y, particularmente, de sus cinco integrantes permanentes, que tienen derecho de veto. Esa no es una anomalía reciente, sino una característica estructural del sistema que nació en 1945: fueron los propios Estados quienes crearon la organización y quienes decidieron qué competencias otorgarle.

El problema, entonces, quizá no sea solamente que la ONU esté acotada en sus facultades, sino que hemos terminado evaluándola con una vara equivocada. Esperamos que actúe como un Estado —que ordene, castigue, intervenga y resuelva— y, cuando no puede hacerlo, concluimos que es inútil. Pero Naciones Unidas nunca fue diseñada para sustituir a los gobiernos ni para mandar sobre ellos, sino para crear un espacio en el que puedan cooperar, negociar y establecer reglas frente a problemas que, por su propia naturaleza, rebasan las fronteras nacionales.

Esa diferencia importa mucho más de lo que parece, porque mientras observamos a la ONU a través de las guerras que no ha podido detener, dejamos de mirar una parte enorme de lo que sí hace.

Esta semana, mientras Nueva York vuelve a convertirse en el epicentro de la diplomacia internacional durante la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General, casi 130 jefes de Estado y de Gobierno se reunirán para discutir conflictos, pero también cambio climático, salud, desarrollo, inteligencia artificial y otros desafíos que ningún país puede resolver por sí solo. El propio lema de esta Asamblea General —“Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”— reconoce que la organización atraviesa un momento de intensa presión y cuestionamiento.

Sin embargo, la ONU que vemos en los titulares es apenas una fracción de todo lo que es y hace. Vemos el Consejo de Seguridad, los discursos presidenciales, al secretario general frente al atril y, ocasionalmente, a los cascos azules. Mucho menos visible es el trabajo cotidiano de sus agencias, fondos y programas: vacunación, seguridad alimentaria, protección de refugiados, educación, asistencia técnica y construcción de estándares internacionales.

Ese trabajo rara vez produce primeras planas porque tiene una característica incómoda para la lógica mediática: cuando funciona, casi no se nota. Una guerra que el Consejo de Seguridad no consiguió detener es una noticia mundial; una campaña de vacunación que evita una epidemia, un programa que permite alimentar a una población en crisis o la asistencia técnica que ayuda a un gobierno a fortalecer una institución difícilmente ocupa las primeras páginas. Los fracasos de Naciones Unidas suelen ser espectaculares; sus éxitos, en cambio, muchas veces pasan inadvertidos.

Reconocer esto no implica defender el statu quo, sino elevar el nivel de la crítica: si la ONU es indispensable, debemos cuestionar si su arquitectura política aún responde a nuestra realidad actual.

Aunque la organización cuenta hoy con 193 Estados miembros, el poder sobre las decisiones más sensibles de paz y seguridad sigue concentrado en el Consejo de Seguridad, en el que cinco integrantes permanentes ejercen el derecho de veto. Es una estructura concebida al terminar la Segunda Guerra Mundial que, ocho décadas después, contrasta profundamente con una nueva distribución del poder y con amenazas globales inéditas.

El presidente brasileño, Lula da Silva, expuso esta contradicción el martes ante la Asamblea General al señalar que el mundo es “rehén” de dicho inmovilismo. Aunque el reclamo no es nuevo, recobra urgencia cuando las crisis humanitarias exhiben constantemente la parálisis del Consejo para producir respuestas colectivas.

El dilema no es sencillo. Reformar el Consejo no basta con sumar sillas a la mesa; implica debatir quién merece un lugar permanente, si el derecho de veto debe mantenerse, limitarse o suprimirse, y cómo evitar nuevas concentraciones de poder. Además, cualquier modificación de fondo requiere el aval político de los propios Estados.

Esta es la gran trampa del sistema: quienes tienen la capacidad para modificar la arquitectura de la ONU son, precisamente, los principales beneficiarios de sus privilegios actuales.

En este contexto, la próxima salida de António Guterres subraya la urgencia de repensar el tipo de liderazgo que requiere una institución en crisis. El próximo secretario general no solo deberá administrar la burocracia, sino ayudar a que el organismo recupere relevancia en un mundo que clama por cooperación internacional pero desconfía de ella.

Ahí radica la paradoja central del multilateralismo: los problemas son cada vez más globales, mientras que el poder político sigue firmemente anclado en los Estados soberanos. El cambio climático, las pandemias, la migración, el crimen organizado, la inteligencia artificial y las crisis alimentarias desbordan la capacidad de cualquier país para enfrentarlos por sí solo. Sin embargo, las decisiones políticas siguen dependiendo, en buena medida, de gobiernos nacionales.

La ONU existe precisamente en ese espacio intermedio. No puede sustituir a los Estados, pero hace algo que ningún Estado puede hacer por sí solo: sentarlos en la misma mesa, establecer reglas comunes, coordinar recursos, generar estándares y mantener abiertos canales de diálogo incluso cuando la hostilidad política se intensifica.

Por eso, quizá la pregunta que deberíamos hacernos durante esta Asamblea General no sea simplemente si el sistema “sirve”. Es un cuestionamiento demasiado simplista para una arquitectura tan compleja. La pregunta verdaderamente incómoda es cuánto del orden internacional que damos por sentado funciona gracias a esa cooperación internacional y cuánto perderíamos si ese espacio dejara de existir.

Reformar la ONU es una urgencia impostergable. Exigirle resultados también. Pero condenarla por no ser un gobierno mundial es juzgarla por una función que nunca tuvo. La organización no puede garantizar que los Estados hagan lo correcto ni imponer por decreto la paz que sus miembros no están dispuestos a construir. Lo que sí puede hacer es ofrecer un espacio, modesto pero indispensable, para intentar resolver juntos aquello que ningún país puede solucionar por sí solo.

El sistema de Naciones Unidas no es un Estado global, pero tampoco puede seguir operando con una arquitectura diseñada para 1945. Su verdadero desafío no es convertirse en algo que jamás fue, sino lograr que sus instituciones respondan a las realidades del mundo de hoy.