Hay una trampa en la cifra. En inglés, 15 billion son 15 mil millones; en castellano estricto, un billón es un millón de millones. La orden de decomiso que el juez Brian Cogan dictó el lunes 20 de julio contra Ismael Zambada García, en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, se sitúa justo en ese equívoco donde caben nuestras sospechas: 15 mil millones de dólares que, en la conversación mexicana, se sienten billones, y que en la práctica podrían no ser nada.
Es la sanción más alta impuesta a un narcotraficante mexicano en la historia judicial estadunidense. Rebasa por más de dos mil millones la que se fijó a El Chapo en 2019, con un argumento frío de la fiscalía: El Mayo llevó el cártel en solitario tras la caída de su socio en 2016, y bajo ese mando exclusivo la organización distribuyó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de heroína, metanfetamina y fentanilo. La cuenta no es un saldo bancario. Es una estimación. Es, en otras palabras, un mensaje.
El destinatario quedó claro esa misma tarde. El fiscal general interino Todd Blanche advirtió que Zambada vivirá “como si estuviera en el corredor de la muerte” y el director de la DEA, Terry Cole, cerró con doctrina: “La DEA viene por ustedes”. Del lado mexicano, Claudia Sheinbaum eligió el silencio. Tras unos segundos en Palacio Nacional, respondió con siete palabras: “No hay una opinión personal, es lo que es”. Al día siguiente matizó: pidió a la FGR revisar si México podría reclamar parte para reparación del daño. La coreografía es reveladora. Estados Unidos anuncia el récord y la doctrina; México evade y luego pregunta si le tocará algo.
El abogado de El Mayo, Frank Pérez, salió a desactivar la cifra en entrevista con Ángel Hernández en Milenio. “No hay manera de que pueda pagar eso. El gobierno no identificó ninguna propiedad, no identificó nada. Y usted y yo sabemos que las personas de ese nivel no tienen nada a su nombre”. Suena cínica, pero es descriptivamente exacta. Los grandes lavadores no firman escrituras.
Aquí empieza el nudo. Que Zambada “no tenga nada a su nombre” no significa que no exista un patrimonio rastreable. En 2007 la OFAC incluyó en su lista negra a su exesposa Rosario Niebla Cardoza y a cuatro de sus hijas Zambada Niebla, hablando textualmente de una red de “empresas fachada y socios financieros”. En los años siguientes se añadieron Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán —la lechera detrás de la marca Santa Mónica—, Autotransportes JYM, Jamaro Constructores, Establo Puerto Rico, la Estancia Infantil Niño Feliz que llegó a operar con subrogación del IMSS, el Parque Acuático Los Cascabeles y la red de boutiques CHIKA’S de Blanca Margarita Cázares, la Emperatriz del Narco, con presencia en ocho estados. El archipiélago está mapeado. El problema no es la información; es la voluntad. En México, la mayoría de esas empresas siguió operando por años después de la designación.
Si algo va a rastrearse en serio, tendrá que hacerse con las herramientas que rara vez se activan al mismo tiempo: cooperación FinCEN-UIF, cruce de reportes sospechosos con el Registro Público de Comercio, trabajo forense sobre notarías y ranchos en Sinaloa, la explotación de datos que ya aportó El Vicentillo —incluidos aquel millón de dólares mensuales para sobornos y los 100 millones que Jeffrey Lichtman atribuyó como pago a Peña Nieto durante el juicio de El Chapo—, rastreo de billeteras cripto y compañías offshore. El acuerdo de culpabilidad, además, obliga a Zambada a firmar cualquier documento que transfiera bienes al gobierno federal: renunció a toda defensa constitucional sobre el decomiso.
Suponiendo que algo se recupere, existe desde 1984 el Asset Forfeiture Fund del Departamento de Justicia, y un Equitable Sharing Program mediante el cual los países que colaboren pueden recibir una porción; en 2010 y 2012 hubo precedentes de reparto con México en casos de lavado. La Convención de Palermo obliga a devolver ganancias para indemnizar víctimas. Y está el estándar civilizatorio, la ANBSC italiana, que convierte tierras, inmuebles y empresas de la mafia en escuelas y cooperativas. Ese modelo no lo tenemos.
Sheinbaum le encargó ayer a la FGR “revisar”. Ojalá no sea trámite. Los billones de El Mayo no son un tesoro que aparecerá en una bóveda: son una deuda. Y alguien, algún día, tendrá que empezar a cobrarla en serio.