Hay una escena que se va a repetir esta semana en millones de hogares mexicanos: alguien intenta llamar y su teléfono y no tiene señal. Revisa el aparato. Reinicia. Busca con desesperación que la antena aparezca en la pantalla. Y entonces cae en cuenta. Se lo dijeron. Con meses de anticipación. Con campañas, con comunicados, con notas en todos los medios. Y no hizo nada.
El registro obligatorio de líneas celulares arrancó el 9 de enero de 2026. Seis meses de margen para vincular el número de teléfono con una CURP. Un trámite gratuito, disponible en la app del operador, por mensaje, en sucursal. Sin huellas, sin iris, sin datos biométricos sensibles —la Suprema Corte ya había zanjado ese capítulo desde 2022 cuando tumbó el Panaut. Lo que quedó fue lo mínimo: nombre y clave de identidad. Y, aun así, de los más de 144 millones de líneas activas en el país, hasta mediados de mayo apenas se habían registrado alrededor de 30 millones. Una quinta parte. El resto, esperando el milagro de que el plazo se moviera solo.
El plazo se movió. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció un nuevo esquema que asigna plazos escalonados según el último dígito del número, extendiendo el proceso hasta las últimas semanas de 2026. La prórroga fue una concesión a la realidad: suspender de golpe decenas de millones de líneas habría sido un colapso logístico, humanitario y político que nadie quería administrar. Pero que la autoridad haya parpadeado no cambia la naturaleza del problema ni absuelve a quienes prefirieron la desidia al trámite.
Porque los costos de esta parálisis colectiva no son abstractos. La industria móvil calculó que el proceso costará más de cuatro mil millones de pesos sólo a los operadores. Eso se traslada, de una u otra forma, a las tarifas que pagamos. Y quien pierda la señal, aunque sea 72 horas —el plazo que se activa para quien no cumpla en su ventana asignada—, no pierde sólo la capacidad de mandar memes: pierde acceso a su banco, a su trabajo, a sus alertas sísmicas, a la posibilidad de llamar a alguien si ocurre una emergencia. La línea suspendida sólo permite marcar al 911 y hablar con el centro de atención al cliente para regularizar la situación. Todo lo demás, cortado.
El argumento de la privacidad tuvo sentido cuando el gobierno quería las huellas y el iris. Esa batalla se ganó en los tribunales. Pero quedarse sin registrar la línea porque “no confío en el gobierno” cuando lo único que piden es el nombre y la CURP —datos que ya tiene el SAT, el IMSS, el banco, la escuela, la farmacia de la esquina— no es resistencia cívica. Es pereza disfrazada de principio.
México tiene 166 países delante de sí que ya hicieron esto sin apocalipsis. La extorsión telefónica sigue siendo una de las industrias criminales más rentables del país precisamente porque el anonimato de las líneas prepago la hace barata y difícil de rastrear. El registro no es la solución definitiva —ningún instrumento aislado lo es—, pero es una pieza elemental de la arquitectura mínima que un Estado necesita para hacerle la vida menos cómoda al crimen.
Se avisó. Se explicó. Se extendió el plazo. El que se quede sin señal esta semana o en los meses que vienen no podrá culpar al gobierno, a Claudia Sheinbaum, a la CRT ni a las telefónicas.
Tendrá que mirarse al espejo. Ahí está el culpable.