Asesinar al asesino
El sicario que mató a Carlos Manzo fue “neutralizado” minutos después del ataque. Neutralizado, dicen. Como si fuera una bacteria en un cultivo de laboratorio. Como si la palabra esterilizara la ejecución. Porque llamemos las cosas por su nombre: lo que ocurrió en ...
El sicario que mató a Carlos Manzo fue “neutralizado” minutos después del ataque. Neutralizado, dicen. Como si fuera una bacteria en un cultivo de laboratorio. Como si la palabra esterilizara la ejecución. Porque llamemos las cosas por su nombre: lo que ocurrió en esa plaza de Uruapan el 1 de noviembre no fue un operativo de captura que salió mal. Fue una sentencia de muerte ejecutada al instante, sin juicio, sin preguntas, sin nada que se parezca remotamente a un debido proceso. El asesino del alcalde resultó ser Víctor Manuel “N”, un chico de 17 años del municipio de Paracho. Un menor reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación que llegó drogado con metanfetamina y mariguana a liquidar al político más incómodo de Michoacán. Llegó el mismo día a Uruapan, se hospedó en un hotel del centro, hizo compras en tiendas de conveniencia y después se puso una sudadera blanca para perderse entre la multitud del Festival de las Velas. Disparó siete veces. Una de esas balas atravesó el tórax de Manzo y lo mató. Y, segundos después, ese niño sicario también estaba muerto.
Aquí viene la pregunta incómoda: ¿por qué era necesario matarlo? No pregunto desde la ingenuidad de quien ignora que los escoltas reaccionan para proteger. Pregunto desde la sospecha de quien sabe que en México los sicarios muertos no hablan. Y este sicario en particular tenía mucho que decir. El arma que usó estaba vinculada a dos homicidios previos: un doble asesinato en una barbería el 16 de octubre y otro crimen el 23 de octubre. Ese chico de 17 años era un hilo que, jalado con inteligencia, podría haber desenredado toda la madeja criminal que opera en Uruapan. Pero México no hace preguntas. México ejecuta. Y después presenta cadáveres en conferencias de prensa como si fueran trofeos de cacería.
Carlos Manzo llevaba meses suplicando ayuda. En septiembre, tras el asesinato de un policía, canceló el Grito de Independencia y suplicó intervención contra las armas de uso exclusivo del Ejército. “No quiero ser otro ejecutado”, dijo. Pues lo ejecutaron. Con 14 elementos de la Guardia Nacional “custodiándolo”. En una plaza pública. Durante una festividad tradicional. Frente a cientos de personas. Frente a su familia.
Que un adolescente drogado pudiera caminar tranquilamente entre la gente, acercarse al alcalde y vaciarle un cargador sin que nadie lo detuviera antes, es el más elocuente relato del Estado faltando a su más elemental responsabilidad. La protección sirvió para una sola cosa: para matar al sicario inmediatamente después del crimen. Para asegurarse de que no quedaran testigos incómodos. Para que el único que pudiera señalar quién dio la orden, quién pagó, quién planificó el operativo, terminara con una bala en el cuerpo antes de que pudiera abrir la boca.
La familia del menor informó que el joven se había ausentado de su hogar una semana antes del homicidio y que enfrentaba problemas de adicción a las metanfetaminas. Un niño adicto, desaparecido de su casa, reclutado por el crimen organizado, convertido en asesino y después ejecutado por el Estado. Ésa es la biografía completa de Víctor Manuel “N”. 17 años de vida que terminaron en una plaza de Uruapan sin que nadie se pregunte cómo llegó ahí, quién permitió que llegara ahí, en qué fallaron todas las instituciones para que ese fuera su destino.
Asesinar al asesino es fácil. Lo difícil sería investigarlo, juzgarlo, extraer información, desarticular redes, procesar a los responsables intelectuales. Pero ese es, desde siempre y todavía, el gran pendiente de México: un Estado de derecho funcional. Y lo que tenemos es un Estado que ejecuta primero y pregunta, no después: nunca pregunta. Michoacán suma 150 alcaldes asesinados en 15 años. Ciento cincuenta. Y seguimos contando. Y seguimos matando sicarios en lugar de desmantelar cárteles.
Carlos Manzo está muerto. Su asesino está muerto. Y los que ordenaron el crimen siguen vivos, operando, extorsionando productores de aguacate, reclutando niños, controlando territorios. Ésa es la victoria que celebramos cada vez que “neutralizamos” a un sicario. La victoria de un sistema que prefiere cadáveres fáciles a investigaciones complejas. La victoria del crimen organizado sobre un Estado que ya no sabe —o ya no quiere— hacer otra cosa que no sea disparar… y guardar silencio.
