Amparar al tren (de los abusos ciudadanos)

López Obrador está amparando a sus megaobras del derecho de amparo que tienen los ciudadanos y hasta el medio ambiente. La reciente modificación de la ley contra el amparo tiene como telón de fondo el rechazo contundente a la opinión y las exigencias individuales o colectivas de la sociedad ante las posibles arbitrariedades de la actual administración. Esta reforma, en México, representa un punto de inflexión crítico en la relación entre los Poderes del Estado y el derecho de los ciudadanos a protegerse contra los atropellos o abusos gubernamentales. Esta legislación, percibida ampliamente como una maniobra para consolidar aún más el poder en manos del Ejecutivo, presidido por Andrés Manuel López Obrador, tiene implicaciones profundas y posiblemente peligrosas para la democracia mexicana. Lo acaba de señalar, incluso, el Departamento de Estado de EU (sería el país más preocupado si las instituciones, y particularmente las de seguridad y justicia, terminaran por desmoronarse en México).

Al limitar la capacidad del Poder Judicial para emitir amparos que protejan demandas —individuales o colectivas—, especialmente en casos que afectan al medio ambiente y los derechos, por ejemplo, de comunidades indígenas frente a proyectos como el Tren Maya, el gobierno no sólo está cercenando una herramienta vital para la defensa de derechos colectivos, sino que también está socavando los principios básicos de checks and balances que toda democracia debe tener.

La Ley de Amparo, en teoría, debería servir como un baluarte contra las tentaciones autoritarias, permitiendo a los ciudadanos y a las comunidades organizadas defenderse de decisiones gubernamentales que puedan resultar perjudiciales o injustas. Sin embargo, con la nueva legislación se teme que el Ejecutivo tenga vía libre para avanzar en sus proyectos sin enfrentar el escrutinio adecuado o sin considerar adecuadamente el impacto ambiental y social de sus acciones.

Este cambio legislativo no es sólo un asunto legal o técnico, es una cuestión de democracia participativa. En un país donde la lucha por los derechos colectivos y el medio ambiente ha cobrado cada vez más importancia, el debilitamiento de las herramientas legales para la defensa de estos derechos es un retroceso alarmante. Más allá de las implicaciones para proyectos específicos, la ley plantea una pregunta fundamental sobre el futuro de la gobernanza en México: ¿estamos avanzando hacia un sistema en el que el Poder Ejecutivo puede actuar con impunidad, sin el contrapeso necesario del sistema judicial? ¿No es un acto de hipocresía pregonar las virtudes de las consultas ciudadanas mientras decides cerrar la puerta a una de las evidentes y efectivas herramientas legales para manifestar un desacuerdo frente a las decisiones del poder?

En respuesta, es crucial que la sociedad civil, los expertos legales y la comunidad internacional estén atentos y se movilicen. La defensa de la democracia requiere no sólo instituciones fuertes, sino la participación activa de los ciudadanos en los procesos políticos y legales. La aprobación de esta ley debería ser vista no sólo como una señal de alerta, sino como un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con el futuro democrático de México. Mientras el gobierno de López Obrador continúa promoviendo sus “obras magnas”, como el Tren Maya, bajo el pretexto del desarrollo y el progreso, es fundamental que no perdamos de vista el costo de estos proyectos en términos de derechos humanos y equilibrios democráticos. La lucha por el amparo no es sólo por la ley, es por la esencia misma de la participación ciudadana y la protección de los más vulnerables frente a las arbitrariedades del poder. Pero parecen más interesados en amparar el tren o la refinería ante los atropellos legales de los ciudadanos.

ADDENDUM

El pasado viernes, el Edomex experimentó un evento que llevaba muchos meses sin ocurrir: un día de cero homicidios. Este dato se une a la tendencia positiva en la mejora de diferentes indicadores de seguridad, como la mejora en la percepción de la efectividad de la Policía Estatal, encabezada por Andrés Andrade Téllez, abogado, con una amplia trayectoria de defensoría de los derechos humanos que se integró al gobierno del Edomex. Es evidente que falta mucho por hacer, pero se empieza a reflejar un cambio en esta materia.