En el patio de la primaria jugábamos a Las traes (o a La Mancha, como se conoce en otos países el mismo juego) y tenía una sola regla: el que las traía tenía que correr a tocar a otro para quitarse la mancha de encima. Nadie preguntaba quién había empezado. Había que pasarla rápido. La política mexicana de este otoño se parece demasiado a aquel recreo, salvo por un detalle. Aquí la mancha no se pasa. Se multiplica.
Hace unas semanas escribí en este espacio sobre las kakurgocracias, esas democracias donde cada bando jura que el otro es una banda criminal. Ojalá hubiera exagerado.
Hagamos inventario, esta vez sin nombres propios, porque los nombres distraen y lo que importa aquí es el patrón. En el caso CIA-Chihuahua, un operativo contra un narcolaboratorio se convirtió en acusación de traición a la patria, la acusación en contraacusación y la contraacusación en denuncia por daño moral. A estas alturas, ya casi nadie habla del laboratorio. Se discute quién traicionó a quién y quién se reunió con quién. Lo que se desmanteló aquel día, que era lo único verificable de la historia, quedó como nota al pie.
En el caso INE-Taddei la mancha corrió en todas direcciones. El Congreso denunció a consejeros ante la Fiscalía, la oposición habló de una red criminal, el oficialismo se apresuró a aclarar que el problema no era suyo y después miró 20 años hacia atrás para repartir culpas con el pasado. Al final, la propia institución presentó una denuncia sin nombres, que es la forma burocrática de decir “fue alguien”. El árbitro de las elecciones de 2027 terminó en el banquillo antes de que empiece el partido.
Lo más absurdo es que en los dos casos todos exigen pruebas. Las piden a gritos y en horario estelar. Casi nadie las presenta. Pedir pruebas se volvió la manera más cómoda de no dar las propias. Tampoco hace falta: la acusación cumplió su trabajo en cuanto se volvió tendencia.
¿Qué le pasa a un país que vive así? Para empezar, la denuncia pierde valor. Si todo es traición a la patria, nada lo es, y el día que llegue un caso real (los hay; ahí está la lista de funcionarios sinaloenses en una corte de Nueva York) caerá en oídos que ya no distinguen. Dos juristas estadunidenses bautizaron un fenómeno parecido como “el dividendo del mentiroso”: cuando cualquier cosa puede ser un montaje, el culpable de verdad cobra la duda.
La verdad, además, deja de ser un hecho y se convierte en credencial de pertenencia. Cada quien se cree la acusación que favorece a los suyos y descarta la que lo incomoda. Con eso se cancela cualquier acuerdo, sea una reforma electoral o una postura común frente a Washington en plena revisión del T-MEC, porque para negociar con alguien primero hay que aceptar que no es un delincuente.
Se desgastan también los árbitros. La Fiscalía se vuelve buzón de quejas políticas que nadie espera ver resueltas. El INE llegará a 2027 herido y con la tarea de arbitrar una campaña que ya arrancó a punta de expedientes. Las fiscalías y los congresos se usan como munición, y la munición se gasta.
El costo más alto es el cinismo. Si todos son iguales, ¿para qué votar?, ¿para qué denunciar? El ciudadano harto del recreo se sale del patio, y su lugar lo ocupa quien grita más fuerte, que casi nunca es quien tiene la razón. Y el daño no se reparte parejo: les pega más a los jóvenes que apenas se asoman a la vida pública y aprenden, desde el primer día, que ahí se juega a La mancha.
En el juego de Las traes bastaba con decir “ya no juego”. En política, la salida es más cara: se llama prueba ante un juez. Mientras nadie se atreva a llevar sus acusaciones hasta ahí, y mientras la Fiscalía no investigue en serio a nadie de ningún bando, seguiremos en un recreo que amenaza con volverse la bacanal de la toxicidad y el sinsentido. Lo que se nos escurre entre los dedos es justo lo que haría falta para salir de él: un piso mínimo de verdad que todos aceptemos y, encima de ese piso, algo de consenso. Porque, de otra forma, todas y todos terminarán cubiertos por la mancha…