“Cuando tomé posesión designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas”, declaró el presidente Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a sabiendas de que el mundo entero estaba atento a sus palabras. “Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental”, prosiguió. “Como con ISIS, deben ser ejecutados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin la posibilidad de ser liberados. Y eso estamos haciendo”, explicó.
“México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, continuó el mandatario estadunidense mientras la transmisión enfocaba a una delegación mexicana notoriamente incómoda. “Es inaceptable para EU compartir una frontera de 2 mil millas con un país controlado por los cárteles enemigos”, aseguró Donald Trump desde la tribuna más importante del planeta. “Yo podría decir que es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas”, señaló al día siguiente la presidenta Sheinbaum durante su conferencia matutina. “Pero no lo voy a decir”, concluyó entre sonrisas. Como si una respuesta ingeniosa fuera suficiente para conjurar las amenazas, reales y muy presentes, que se ciernen cada vez más ominosas sobre su gobierno.
Como si todo fuera muy bien; como si la violencia y la impunidad no fueran, en verdad, temas apremiantes para la población en general. Como si las acusaciones fueran infundadas; como si las agencias de seguridad estadunidenses no contaran con la información y evidencias suficientes para actuar, con todo el peso de la ley, en contra de las principales figuras de su movimiento. Como si tuviéramos la sartén por el mango en las renegociaciones de los acuerdos de libre comercio; como si no se hubiera dado a conocer, en los mismos días del intercambio, el macabro hallazgo de una fosa común en Michoacán que, entre otros restos humanos, contenía más de 1,600 dientes de leche. 1,600 dientes de niños pequeños. Una tragedia inconcebible, inasumible para cualquier nación civilizada; una pesadilla que refleja, como ninguna otra, las terribles consecuencias de unas políticas públicas enfocadas en proteger a los criminales antes que a la ciudadanía. “Los voy a acusar con sus mamás y sus abuelas”, fue la amenaza más fuerte de López Obrador a los cárteles que ahora son considerados organizaciones terroristas; “abrazos, y no balazos”, la única promesa que cumplió cabalmente durante su gobierno. La violencia que el país sufre ahora no es sino el fruto de las decisiones tomadas en el sexenio pasado.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue la frase publicitaria repetida hasta el cansancio por el expresidente –cuando candidato– para desestabilizar al gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que sus seguidores se encargaban de avivar el fuego todos los días con los “pases de lista” en redes sociales; al llegar a la Presidencia, sin embargo, las verdaderas prioridades del nuevo grupo en el poder quedaron más que claras. El Ejército no regresó a los cuarteles, sino que se les dio más poder y acceso a negocios sin rendición de cuentas; las madres buscadoras nunca fueron recibidas en Palacio Nacional, pero en cambio el expresidente tuvo la disposición absoluta para liberar, de inmediato, a uno de los narcotraficantes más buscados por la justicia estadunidense. El huachicol fiscal se convirtió en fuente de ingresos para el movimiento; la tragedia de Ayotzinapa no se resolvió jamás, ni fue una de las prioridades de un exmandatario que visitó más veces, y con más gusto, Badiraguato, que el lugar de la masacre. Los dientes de leche, por desgracia, no son producto de la casualidad.
“México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, aseguró Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas; la presidenta Sheinbaum podría haber dicho muchas cosas en respuesta, pero es mejor que haya tomado la decisión de no hacerlo. Las fosas comunes, a final de cuentas, siempre hablarán más fuerte.