Por vía del Centro de Derechos Humanos, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley, en California, nos llega un retrato de la devastación sufrida durante el gobierno de López Obrador entre los gremios que juegan en la sociedad el papel de los canarios en las minas subterráneas: el de avisar cuando empieza a faltar el oxígeno. El CDH de Berkeley hace un estudio detallado de 337 periodistas y/o activistas proderechos humanos que perdieron la vida durante el sexenio pasado. Pero el estudio no se limitó a reunir estadísticas. Lo original es que vincula estos números fatales con los ataques del expresidente a estos periodistas y activistas en las conferencias mañaneras. No un ataque ni dos: ataques sistemáticos que generan un efecto acumulativo en la sociedad y en las víctimas.
Los autores del informe llegan a la conclusión de que el patrón de estigmatización, denuncias personalizadas, clasificación de periodistas y defensores de los derechos humanos como enemigos del Estado, conforma el delito de persecución, definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad. “Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”, dice el inciso g de dicho artículo.
El informe documenta más de 3 mil 400 ocasiones en las que el expresidente, desde la mañanera, estigmatizó a periodistas y activistas; reveló datos personales privados de varios de ellos, exponiéndolos a ataques contra su vida, como sucedió con el atentado contra Ciro Gómez Leyva; permitió que el Ejército los espiara mediante el software Pegasus; utilizó la agencia Notimex para difamarlos y lanzó incontables acusaciones sin base alguna para obligarlos a erogar recursos para defenderse legalmente. Imposible olvidar que una de las primeras acciones de López Obrador fue acusar a la revista Nexos de no haber pagado impuestos.
El récord del sexenio pasado fue de 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados, lo que le ganó a México el vergonzoso campeonato de lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y el segundo más peligroso para los defensores de los derechos humanos. Aún más peligroso que lugares en guerra. Si bien la presidenta Sheinbaum ha procurado –obligada por la presión de EU– a un giro en su política de seguridad, no lo ha hecho en materia de respeto a la libertad de expresión. Desde su mañanera ha continuado los ataques a periodistas, activistas y figuras políticas. También ha mantenido la estigmatización (conservadores, hijos de Maximiliano, traidores a la patria), la elaboración de listas de periodistas indeseables; la publicación de información personal de periodistas y activistas, y el uso de instrumentos del Estado para acallar críticas. El 17 de septiembre pasado, Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, externó criticas al Segundo Informe de la Presidenta. En la mañanera del día 23, Sheinbaum insinuó que quitaría su pensión de Banxico a Ortiz y, de paso, al expresidente Ernesto Zedillo, lo que habría que entender como una advertencia de que habría consecuencias a sus críticas.
A raíz de que, en noviembre de 2025, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente Donald Trump emitió un decreto en febrero de 2025, en el que sanciona a funcionarios de la CPI y advierte que castigará a toda organización que acuda a la Corte, efectúe donaciones o colabore de cualquier manera en iniciativas de la Corte contra ciudadanos estadunidenses o de sus aliados (léase Israel). Hace dos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que si fuera necesario “desmantelaría a la CPI ladrillo por ladrillo”. Debido al riesgo legal que podría correr, el CDH de Berkeley desistió de presentar una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente López Obrador por el posible crimen de persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos, que cae en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Pero es muy posible que organizaciones que no tengan sede en EU sí presenten la demanda contra el expresidente. La continuación de la política de violación a la libertad de expresión y de persecución a los opositores por parte de la presidenta Sheinbaum, como es el encarcelamiento de Ernesto Ruffo Appel, comprueban que la impunidad genera y alienta más conductas violatorias de la libertad de expresión y de franca persecución política. Por el contrario, utilizar las herramientas de defensa de los derechos humanos, como los representados por el Estatuto de Roma y la CPI, fortalece el derecho internacional, hoy cuestionado, para dar paso a regímenes autoritarios. Nuevamente: ¡No pasarán!