Andrés Manuel López Obrador no barrió las escaleras como prometió al inicio de su mandato, pero vaya que supo esconder la basura debajo del tapete. Por alguna extraña razón, la cifra oficial de homicidios violentos se presumía disminuyendo mientras que se omitía el incremento exponencial en el número de desapariciones: “sin cuerpo no hay delito”, parecía ser el mantra repetido impunemente desde Villahermosa hasta Badiraguato.
El expresidente López, que desde aquellos tiempos ejercía el poder desde el atril de su show de variedades matutino, decidió concentrarse en la difusión de cifras alegres y frases pegajosas antes que atender el problema con seriedad. El mandatario hablaba de sus “otros datos”, mientras que las noticias sobre la aparición de fosas clandestinas se sucedían cada semana en los medios; las finanzas personales de los periodistas más críticos al régimen, así como la referencia constante a Felipe Calderón y Genaro García Luna, se convirtieron en la respuesta habitual ante cualquier cuestionamiento incómodo. “¿Y cuánto gana Loret?”
Los “abrazos en vez de balazos” se convirtieron en política pública tras haber iniciado como un pacto inconfesable; las visitas inexplicables y reiteradas a Sinaloa y Nayarit; la liberación de Ovidio Guzman, la ceguera voluntaria ante lo que ocurría en su propio estado natal y, sobre todo, la falta de actuación de las autoridades ante lo que no se puede definir sino como una catástrofe humanitaria, hechos fehacientes que apuntalan lo que en días pasados el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU describió como la presunta aquiescencia del Estado mexicano ante un poder criminal al que, en el mejor de los casos, no ha sabido oponerse.
“El Estado aquiesciente”, advertíamos en estas mismas páginas hace justo un año (http://bit.ly/4tmRlIV), al hacer referencia a los riesgos estructurales que podría enfrentar el gobierno federal tras el descubrimiento del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. No era la primer atrocidad que conocíamos y, por desgracia, tampoco fue la última: las autoridades, sin embargo, parecen seguir atrapadas entre la lealtad hacia el pasado y el cumplimiento efectivo de sus obligaciones legales, tanto nacionales como internacionales.
“Fue el Estado”, era la consigna repetida por el movimiento obradorista a diario, desde 2014, en los “pases de lista” tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; ahora, en cambio, cuando la ONU reconoce por fin el problema sistémico de los desaparecidos y ofrece su ayuda para resolverlo, en la respuesta se le califica como “tendenciosa” y “falta de rigor jurídico”. La crisis es estructural, sin embargo, y no se resolverá con declaraciones estridentes o encuestas de popularidad arrolladoras: en México se han cometido delitos de lesa humanidad desde hace sexenios, en algunos casos con la participación y en otros con la mera aquiescencia del Estado, y la dura realidad ha terminado por golpearnos a la puerta. Nos encontramos, en el momento menos oportuno y por las circunstancias más vergonzosas, ante los ojos del mundo entero.
México merece, sin duda alguna, algo mejor. La verdad, por principio de cuentas: aunque resulte dolorosa e implique el rompimiento definitivo con los factores de poder del primer piso; la tranquilidad de la ciudadanía, por responsabilidad elemental de gobierno, aunque lograrla implique aceptar la colaboración acotada de gobiernos o instancias internacionales. El problema de los desaparecidos no se ha resuelto y, a partir de ahora, cada masacre que suceda, cada fosa clandestina que se encuentre, cada bloqueo como el de Guadalajara, sólo abonará a la narrativa en contra de un gobierno que ha decidido, en vísperas de la renegociación de los tratados de libre comercio, cerrar los ojos ante su problema más urgente.
La Asamblea General de la ONU, por lo pronto, ya nos está observando.