Fundar un partido en México se ha convertido en una hazaña administrativa, jurídica, logística y, en algunos casos, psiquiátrica. No basta con tener ganas, discurso, logotipos, colores patrióticos y un grupo de conocidos a quienes se logró convencer de que el país necesita otro instituto político. Hay que reunir afiliados, celebrar asambleas, acreditar recursos, comprobar gastos, llenar formatos y sobrevivir a la fiscalización y a los boicots del partido en el poder.
Por eso, cada vez que el Instituto Nacional Electoral revisa solicitudes de nuevos partidos, unos llegan jadeando a la meta, otros se quedan a medio camino y otros descubren demasiado tarde que no se puede fundar una nueva opción política con ocurrencias, atajos y una relación creativa con la ley.
Fue así como esta semana el INE negó el registro a México Tiene Vida y a Que Siga la Democracia. Las organizaciones rechazadas llegaron con muchas manchas en el expediente como afiliaciones irregulares, inconsistencias, apoyos indebidos, dudas sobre recursos y evidencia suficiente para que la autoridad electoral decidiera cerrarles la puerta antes de que entraran al reparto de prerrogativas.
La pregunta inevitable es ¿cómo alguien que aspira a representar a los ciudadanos decide arrancar intentando burlar al árbitro? ¿En qué momento una organización política concluye que la mejor manera de entrar a la democracia es forzar la cerradura? Después uno recuerda el país en el que vive y entiende todo.
Si el Estado sale a defender a Rubén Rocha y compañía, mientras pesan sobre ellos graves acusaciones; si funcionarios señalados por corrupción permanecen tranquilamente en sus cargos; si la justicia parece distinguir entre ciudadanos y compañeros del movimiento y la transformación, ¿por qué habría de sorprender que otros crean posible hacer trampa desde el primer día? Sólo así se entiende la audacia de quienes quisieron hacer trampa antes de nacer como partido. No improvisaron, aprendieron cómo funciona el poder.
Por otra parte, surgieron dos nuevas fuerzas políticas. La primera es Partido Paz, encabezado por las ya conocidas huestes de Hugo Eric Flores, quien demuestra una perseverancia digna de estudio. Poco importa que le hayan cancelado el registro en dos ocasiones; hay quienes coleccionan estampillas y otros partidos. Su verdadera especialidad, sin embargo, parece ser sobrevivir cerca del poder, siempre disponible para asumir el cómodo papel de satélite del oficialismo.
El segundo partido autorizado fue Somos México, surgido de las movilizaciones ciudadanas contra las reformas electorales impulsadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta organización sí es claramente una fuerza opositora y con un discurso más aterrizado que el de partidos tradicionales. Su pecado, sin embargo, y según los consejeros electorales, es llamarse como se llama. Apropiarse del nombre del país es una falta grave, pero no lo es tanto si el crimen organizado se adueña de las elecciones.
Al final, todos los partidos, tanto los rechazados como los nuevos, comparten una característica: parecen una reunión de exalumnos. Cambian las siglas, pero los rostros son los mismos. La política mexicana ha perfeccionado el reciclaje político en el que casi nada se desperdicia. En algunos casos se trata de aprovechar la experiencia, en otros, de aprovechar el presupuesto público.
Obtener el registro es como sacar el acta de nacimiento. En 2027 llegará el examen frente a los electores; ahí se sabrá qué partido nació para representar a los ciudadanos, cuál para administrar recursos y cuál para hacerle a Morena el trabajo sucio con modales de aliado institucional.