Hay una pregunta incómoda que pocas veces nos hacemos en política: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para que gane nuestro partido?
Maya Tudor, profesora de Oxford, advierte en Journal of Democracy sobre un fenómeno inquietante. La polarización está llevando a ciudadanos de democracias consolidadas a privilegiar el acceso de su partido al poder por encima de las libertades que hacen posible la propia democracia.
El problema merece observarse desde México. Una República no desaparece necesariamente mediante un golpe de Estado. También puede erosionarse gradualmente cuando aceptamos reglas distintas dependiendo de quien gobierna; cuando justificamos en los nuestros aquello que condenábamos en los otros; cuando un contrapeso nos parece indispensable mientras limita al adversario e ilegítimo cuando limita a nuestro partido.
Nuestra Constitución ofrece una brújula vital. El artículo 40 define a México como una República representativa, democrática, laica y federal. El 41 establece que los partidos son entidades de interés público cuyo propósito es promover la participación democrática y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder. Y el 49 divide el poder federal en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La secuencia importa: primero está la República; después, los mecanismos para ejercer el poder. Los partidos son instrumentos de la democracia, no propietarios del Estado.
Pensemos entonces en lo ocurrido recientemente. El oficialismo decidió desmantelar el Poder Judicial y elegir mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros. También modificó la Constitución para establecer que sus reformas no pueden ser impugnadas.
Pero debe probarse el argumento. Quienes hoy las defienden, ¿las defenderían con el mismo entusiasmo si otro partido controlara la Presidencia y el Congreso?
Y quienes hoy las condenan, ¿las habrían rechazado con la misma energía si hubieran sido aprobadas por el partido con el que simpatizan?
Ésa podría ser la prueba más sencilla de nuestra convicción democrática. Porque ganar elecciones otorga legitimidad para gobernar. Pero una mayoría electoral, incluso una muy amplia, no convierte a un partido en la República, salvo que se cometa fraude a la Constitución por vía jurisdiccional, como la supermayoría.
Es generalizada la tentación de confundir los intereses del gobierno con los del Estado. Mañana, cualquier otra fuerza política podría hacerlo. Por eso las instituciones importan precisamente cuando estorban. Un contrapeso que sólo defendemos cuando limita al adversario no es para nosotros un contrapeso: es un arma política.
La democracia requiere partidos fuertes. Pero necesita algo todavía más difícil: políticos y ciudadanos capaces de defender una regla cuando beneficia al contrario.
Los gobiernos terminan. Las mayorías cambian. Los partidos ganan y pierden, pero la República debe permanecer. De esa forma se distinguen las democracias fuertes, donde los ciudadanos defienden sus instituciones aunque su partido gane.
Y éste es el punto vital, porque los votantes mexicanos no se hacen cargo de su sufragio y no piensan en la República, en sus atributos democráticos y por la que muchas vidas se dieron. Esto nos hace una república muy chiquita, sin nada que exportarle al mundo.
Que prevalezca la República implica que haya instituciones constitucionales que garanticen la rendición de cuentas, la transparencia, jueces independientes, contrapesos y ausencia de connivencia con el crimen, seguridad para todos. Pero parece que eso es sacrificable: viva el partido, muera la república.
Quizá la pregunta decisiva para nuestra democracia no sea si estamos dispuestos a respetar las reglas cuando perdemos.
Es otra, mucho más difícil: ¿estamos dispuestos a respetarlas cuando tenemos los votos suficientes para cambiarlas?