Durante años tener doble nacionalidad fue una ventaja. Permitía estudiar, trabajar, viajar sin visa; heredar derechos familiares y escoger la fila más corta en migración. Sin embargo, el gobierno “más humanista” de la 4T descubrió que detrás de un segundo pasaporte podría esconderse un agente de KAOS o de Hydra, un infiltrado de la KGB o, en el peor de los casos, alguien reclutado por la CIA mientras esperaba su turno en el consulado.
El Congreso aprobó la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum para que quien aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tenga únicamente la nacionalidad mexicana. La Presidenta explicó esta iniciativa argumentando que quien representa al país no puede tener dos banderas ni dos juramentos.
Suena razonable hasta que se recuerda que la doble nacionalidad no necesariamente se adquiere después de una ceremonia clandestina ni de una iniciación en un sótano del otro país involucrado. Se puede tener desde el nacimiento al haber nacido en otro país, por ser hijo de padres de distinta nacionalidad o adquirirla posteriormente por naturalización y, dependiendo de la legislación extranjera, por vínculos familiares o matrimoniales. En México, la legislación reconoce expresamente que un mexicano por nacimiento puede poseer otra nacionalidad.
Ahora, alguien nacido accidentalmente en Los Ángeles se convierte de inmediato en un sospechoso potencial de robar secretos gubernamentales, mientras que otro puede tener propiedades en Houston, negocios, inversiones, socios, familiares y cuentas en Estados Unidos sin despertar dudas sobre su compromiso con el lábaro patrio.
Porque si de garantizar lealtades se trata, la nacionalidad parece un filtro bastante rudimentario. Un pasaporte extranjero puede cancelarse, mientras los intereses permanecen. También puede existir influencia extranjera sin haber pisado jamás una oficina de migración ni, desde luego, ningún servicio de inteligencia.
El asunto alcanzó niveles de comedia cuando apareció en escena la senadora con licencia y ahora coordinadora de la transformación en Nayarit, Jasmine Bugarín, nacida en California. Su caso pasó de la inocencia al ridículo nacional cuando aseguró que había renunciado a su doble nacionalidad mediante un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como cualquier persona medianamente familiarizada con el asunto sabe, México no puede cancelar una ciudadanía otorgada por otro país; la presión hizo lo suyo y Bugarín terminó reconocimiento que todavía estaba trazando con sus abogados la ruta para realizar el procedimiento ante las autoridades estadounidenses.
Pero no contaban con la astucia de Morena. En un nuevo episodio de la exitosa serie “La ley a modo con entrada diferida”, se estableció que la reforma comenzará a aplicarse hasta 2028, dejando convenientemente a salvo la elección de Nayarit en 2027 y, con ella, las aspiraciones de la (todavía) estadunidense. La doble nacionalidad es una amenaza latente a la soberanía nacional, sí, pero tampoco hay que exagerar, puede esperar otro añito. Tal decisión confirma, además, que la reforma no fue pensada para cerrar puertas en 2027, sino para decidir quién no podrá cruzarlas en 2030.
En México no se podrá tener doble nacionalidad si se quiere llegar a la Presidencia o gobernar un estado, pero sí se seguir profesando lealtad a Palacio Nacional y a Palenque; obedecer al gobierno, al partido y hasta, en algunos casos, al narco. Dos pasaportes despiertan sospechas, pero varios centros de poder se consideran parte de la soberanía nacional.