Las mujeres en los gobiernos locales: ¿diferencias o desigualdades?

Rolando Cordera Campos*

Cuando en 1947 se reconoció a la mujer mexicana el derecho de voto y a ser candidata en elecciones municipales, Aguascalientes se convirtió en el primer estado en tener a una mujer como presidenta municipal, María del Carmen Martín del Campo; y seis años después, en 1953, se les reconoció el derecho al sufragio universal. Así, empezaba a escribirse otra historia, una que tras sesenta años sigue trazándose todos los días.

Ahora el derecho de las mujeres a participar en la política es reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales, como requisito básico para la igualdad entre géneros y para el fortalecimiento de la democracia. También es posible hablar de avances en materias legislativas (por ejemplo la reforma de 2008 al Cofipe con relación a las llamadas cuotas de género) y, sin embargo, se mantienen diferencias sustanciales.

Ciertamente, la participación social de las mujeres y su acceso a puestos de representación popular se ha incrementado. En 2012, ocupaban 43 de las 128 curules en la Cámara de Senadores, y 184 escaños en la de Diputados. Paradójicamente, la presencia de las mujeres a la cabeza de gobiernos estatales o municipales ha sido menor; aunque, de acuerdo con el INEGI, entre 2007 y 2012 la proporción de presidentas municipales presentó un ligero repunte, al pasar de 4.1 a 7.7%. (INEGI)

La participación política y social —educativa y cultural— de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el ámbito municipal es un requisito básico para la redefinición de la agenda pública, la modificación de los roles tradiciones de género, la potenciación del liderazgo de las mujeres y el impulso de una democracia robusta por  paritaria. Lo es también por la importancia del municipio como espacio germinal donde se ejecutan las políticas públicas y su impacto es inmediato y visible.

En términos de la gobernabilidad democrática local, la agenda municipal se ha ampliado, enriquecido y revitalizado por la incorporación de los asuntos de género y el principio de no a las diferencias, base para la promoción de la igualdad. Representa un importante paso en el trayecto hacia la transformación democrática de los diferentes niveles de gobierno, sustentada en la pluralidad de género, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

Si bien el avance en la presencia y la participación de las mujeres es innegable, también lo es que hay déficit y desafíos: mantener lo ganado, avanzar en la incorporación a nuestros ordenamientos legales los derechos establecidos en instrumentos internacionales, crear los mecanismos necesarios para el monitoreo del cumplimiento de las leyes y, de manera muy importante, avanzar en los ámbitos educativos y culturales.

Para que la protesta, parafraseando a Octavio Paz, no sea rito ni retórica, ni la indignación se ejerza como sustituto de la política, buena parte del esfuerzo debe enfocarse a la construcción de capacidades para enfrentar retos y aprovechar productivamente las oportunidades. Asumir, con claridad, que la vida cívica admite diferencias, pero no desigualdades.

*Coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM.