En 1968, los jóvenes de muchos países se rebelaron contra la autoridad a través de movimientos sociales que se influyeron entre sí. En París, por ejemplo, en mayo, estudiantes y obreros se enfrentaron a lo que consideraban un gobierno autoritario para defender la libertad de expresión, la democratización de la universidad y la crítica al orden establecido. Ese mismo anhelo de libertad se vio en la Primavera de Praga, que terminó siendo aplastada por tanques. También apareció en Estados Unidos, con las protestas contra la guerra de Vietnam, la toma de la Universidad de Columbia y la represión en la Convención Demócrata de Chicago. Hubo movimientos parecidos en Alemania Occidental, Italia, Japón, Brasil y Uruguay. Pero en México recordamos ese año por una fecha específica: el 2 de octubre.
Lo que se vivía en aquella época era el régimen de un partido hegemónico, encabezado en la práctica por el presidente de la República Mexicana, Gustavo Díaz Ordaz, para quien toda disidencia opositora era una traición a la patria, y que tenía una preocupación central: México organizaría los Juegos Olímpicos, que se inaugurarían el 12 de octubre. Era el primer país latinoamericano en hacerlo, y quería mostrar al mundo una nación moderna, estable y en paz, prueba del llamado “milagro mexicano”. Por eso veía las marchas que hubo ese año –como la de la Revolución Cubana, en julio; la de la defensa de la autonomía universitaria, en agosto, y la Marcha del Silencio, en septiembre (entre otras)– como una amenaza a la imagen internacional. La cercanía de la inauguración hizo que la represión le pareciera urgente.
Aquel 2 de octubre, el Batallón Olimpia, un cuerpo considerado paramilitar porque sus integrantes, en su mayoría militares, actuaron vestidos de civil, participó en la Operación Galeana, cuyo objetivo era rodear la plaza y detener a los líderes del movimiento, con el resultado infausto que todos conocemos. Esto marcó el principio del fin de un movimiento que había luchado por ganar libertades políticas, explícitamente, y educación libre y crítica, implícitamente.
Más que preguntarnos si el movimiento triunfó, convendría ver qué tanto siguen vigentes sus causas. Por ejemplo, en cuanto al papel de la fuerza estatal que los estudiantes de 1968 denunciaban, en 2024 se reformó la Constitución para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Defensa Nacional. Esa reforma también modificó el artículo 129, que durante décadas sostuvo la relación entre civiles y militares. Es incuestionable que hoy hay más militares en las calles y dirigiendo instituciones que en el 68. Sólo por ilustrar, actualmente la Defensa (Sedena) tiene a su cargo cuatro empresas públicas y la Marina (Semar) 21.
En aquel entonces se pedía derogar los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que castigaban la “disolución social”. Ese delito sancionaba a quien, de palabra, por escrito o con símbolos, difundiera ideas que afectaran el “reposo público”. Claramente, lo que se estaba defendiendo era la libertad de expresión. De hecho, cuando el Congreso lo derogó en 1970, reconoció que algunas de sus modalidades eran “delitos de opinión o de tendencia”. 56 años después, estamos discutiendo si el artículo 403 bis, que ahora se pretende agregar a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, podría abrir la puerta a la censura. Recordamos la fecha, pero las causas del movimiento parecen haberse congelado en el tiempo.
LA GARRAPATA
Fue una revista de humor político fundada un mes después de la matanza de Tlatelolco, cuya publicación se vio interrumpida varias veces por presiones del gobierno. En su número de octubre de 1979 apareció por primera vez escrita la célebre consigna “¡2 de octubre no se olvida!”.