Fuerza a secas

22 de noviembre de 2021: el Ejecutivo federal publicó un acuerdo por el cual declara de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal para que no pudieran ser detenidas por ningún recurso legal, como, por ejemplo, un amparo para evitar la deforestación por la construcción del Tren Maya, también para que se pudieran hacer tanto adquisiciones como contrataciones por adjudicaciones directas y para reservar toda información relacionada con esos proyectos. 10 de diciembre: el Inai interpuso una demanda de controversia constitucional ante la SCJN, solicitando la suspensión de dicho acuerdo porque violaba el derecho de toda la ciudadanía a acceder a la información. Más de un año después, el 18 de mayo del presente año: la SCJN resolvió que sí es inconstitucional, porque, efectivamente, vulneraba el derecho a saber. Cinco horas después, nuestro Presidente reactivó los efectos del acuerdo invalidado a través de un decreto presidencial. 19 de mayo: el Inai presentó un nuevo recurso de queja ante la SCJN, solicitando que se extiendan los efectos de la declaratoria de invalidez del acuerdo también al decreto, y ahora estamos a la expectativa. Naturalmente, surge la duda: ¿qué tipo de información amerita reservarse con tanto celo?

• POPULARIDAD

También, la semana pasada, el Presidente propuso realizar una consulta para elección de ministros por voto popular con esta pregunta: “¿Quieres que se elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial?, sí o no”. La pregunta está mal planteada, porque los magistrados de la SCJN ya se eligen con dos tercios de votos en la Cámara de Senadores, sobre las candidaturas propuestas por el gobernante en turno. Este procedimiento surgió porque hay asuntos técnicos y especializados que no conviene someter a consulta. De haberlo hecho, la esfericidad de la Tierra hubiera sido rechazada durante dos siglos, aun después del primer reconocimiento del que se tiene evidencia, en la Grecia antigua. Otro ejemplo: está prohibido someter a consulta popular el pago de impuestos, porque, entre otras cosas, el resultado sería “de obvia resolución”, como dicen nuestros diputados. Uno más ilustrativo: sometido a una consulta de popularidad, seguramente el cantante Luis Miguel sería nombrado ministro de la SCJN.

• EL RIESGO

Además del mencionado decreto, son motivo de discordia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo (dada la “lealtad” de la mayoría oficialista) contra el Judicial: el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por el Ejército, el plan B, los nombramientos de tres comisionados del Inai, las 20 iniciativas de la noche del 29 de abril (entre las que está la llamada Ley Buylla) y, más recientemente, la suspensión provisional otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia para revisar la legalidad de la elaboración de los libros de texto de primero de primaria. El cumplimiento de la labor de los ministros ha detonado amenazas, insultos y hasta una lamentable manifestación con ataúdes organizada por el gobernador de Veracruz. El peligro es que, si se debilita la fuerza de las leyes, sólo queda la fuerza a secas. Esa fuerza corresponde al Ejército, el mismo que, según acaba de dar a conocer The New York Times, ha estado espiando el teléfono celular del subsecretario de Derechos Humanos de esta misma administración. Ojalá que con esto se reconozca que un Poder Judicial sólido nos conviene a todos.

• PROFESIÓN

El célebre personaje popularizado por Disney, Perry, el ornitorrinco, también es un espía encubierto.