El proyecto de presupuesto federal para 2027 prevé 10.6 billones de pesos. Su clasificación funcional contempla 5.38 billones para desarrollo social —salud, educación y protección social, entre otros destinos—; 1.52 billones para desarrollo económico y 523 mil millones para funciones de gobierno. Desde otra clasificación, el gasto federalizado sumaría 3.05 billones para estados y municipios: no es una cantidad que deba añadirse a las anteriores. Estas cifras definirán parte del margen financiero de las próximas administraciones.
El presupuesto autoriza el gasto; no concede propiedad sobre él. Quien lo administra ejerce una responsabilidad temporal y responde por decisiones cuyos efectos pueden sobrevivir a su mandato. La última firma de un gobernante no extingue una deuda ni vuelve prescindible un servicio.
En 2027 se renovarán 17 gubernaturas. Preparar esas sucesiones, junto con los relevos en ayuntamientos y alcaldías, exige mirar las cuentas más allá de la elección. No basta entregar el cargo: hay que preservar la capacidad de ejercerlo.
El federalismo distribuye competencias, pero no aísla las consecuencias de una mala previsión. Los presupuestos federal, estatales y locales confluyen en tareas que no admiten pausas partidistas. Su coordinación debe respetar atribuciones y evitar que la población pague los desacuerdos entre autoridades.
Los gobiernos que comenzarán a asumir funciones desde septiembre de 2027, conforme a sus respectivos calendarios, necesitarán recursos para atender obligaciones inmediatas. El ejercicio presupuestario comprende todo el año, no solamente los meses del mandatario saliente. La duración del cargo no determina la continuidad del Estado.
También existe una sucesión imaginada que suele adelantarse a la verdadera. Quienes encabezan coordinaciones, formalmente distintas de precandidaturas y candidaturas, deben evitar conducirse como gobernantes electos. Una encomienda partidista abre posibilidades; no sustituye la selección interna, la competencia ni el voto ciudadano.
Esa distinción tiene consecuencias financieras. La expectativa de que llegará alguien cercano no justifica aplazar explicaciones. La posibilidad de una victoria opositora tampoco autoriza consumir disponibilidades o comprometer ingresos futuros. El presupuesto no puede convertirse en una recompensa para los propios ni en una emboscada para los adversarios.
La historia reciente obliga a recordar. En 2021, Morena obtuvo 11 de las 15 gubernaturas disputadas; diez de esos triunfos cambiaron el partido gobernante. Muchos de quienes hoy preparan su salida recibieron administraciones de oposición y conocieron la diferencia entre ganar una elección y encontrar condiciones para gobernar.
La congruencia exige mantener ahora el criterio reclamado entonces. Si al recibir se pidieron cuentas claras, obligaciones identificadas y suficiencia financiera, al entregar debe ofrecerse lo mismo. El deber no disminuye ante un compañero ni aumenta frente a un adversario. Vale para gobernadores, presidentes municipales y titulares de alcaldías.
Una entrega-recepción rigurosa debe explicar qué se contrató, cuánto se debe, qué recursos están comprometidos y cuáles asuntos siguen en litigio. No basta presentar saldos favorables si quedan fuera de la conversación las facturas pendientes. La formalidad documental es necesaria; no reemplaza la verdad de las cuentas.
Los gobiernos deben trabajar hasta el último día sin disponer irresponsablemente del futuro. Congresos, cabildos y órganos fiscalizadores tienen tareas propias: exigir explicaciones no constituye una descortesía hacia quien se retira.
Las encuestas favorables tampoco conceden derechos adquiridos. Faltan meses para votar y el escenario puede cambiar. Ni una coordinación asegura una candidatura ni una candidatura garantiza un gobierno. Esa incertidumbre exige mayor escrúpulo, no menor transparencia.
Hace seis años, muchos exigieron recibir gobiernos en orden. En 2027 deberán demostrar que saben entregarlos, incluso a quien no figuraba en sus pronósticos. La responsabilidad pública se acredita también cuando las cuentas resisten la revisión de quien no estaba invitado a continuarnos.