El 20 de noviembre se conmemorará el Día Mundial de la Infancia. México llegará a esa fecha, como lo ha hecho a lo largo de las ya más de tres décadas de aprobación de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño, con una distancia intolerable entre los derechos reconocidos y las condiciones para ejercerlos. En efecto, el interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4º constitucional, exige que toda decisión pública considere prioritariamente sus consecuencias e implicaciones para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el país sigue sin consolidar una política de Estado capaz de convertir ese mandato en protección cotidiana, presupuestos suficientes y responsabilidades exigibles.
En ese contexto, la reciente investigación de El Universal sobre el reclutamiento de adolescentes y jóvenes para sostener la violencia en Sinaloa muestra una de las expresiones más atroces de ese atraso estructural. Los testimonios describen rutas de captación y traslado hacia territorios en disputa; allí, la vida queda sometida a organizaciones que utilizan personas para reproducir su poder armado. Cada adolescente reclutado obliga a preguntarnos dónde estuvieron las instituciones que debían protegerlo, advertir el riesgo, buscarlo y ofrecerle posibilidades de vivir fuera del dominio criminal.
La violencia produce también infancias que permanecen fuera de las prioridades gubernamentales: quienes quedan huérfanos por homicidios, feminicidios o enfrentamientos; quienes esperan a una persona desaparecida; quienes abandonan su comunidad por amenazas. La muerte o ausencia de sus cuidadores puede significar, simultáneamente, pérdida de ingresos, interrupción escolar, desarraigo y sufrimiento psíquico. Su atención exige búsqueda, reparación, acompañamiento y cuidados sostenidos; frente a ellos, el UNICEF reconoce la orfandad, el desplazamiento y el reclutamiento entre los daños de la violencia armada más atroz sobre la niñez.
A estas agendas se suman los hijos e hijas de personas encarceladas, las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios y los adolescentes privados de la libertad. Todos conservan íntegramente su dignidad y sus derechos. También requieren protección quienes padecen explotación sexual, trata, servidumbre y trabajo peligroso. La ENTI 2025 registró alrededor de 3.5 millones de personas de cinco a 17 años en trabajo infantil: 12.6% de ese grupo. Como se ha advertido en el análisis publicado en México Social, su persistencia revela límites estructurales del desarrollo y de la protección social.
Las infancias siguen soportando una incidencia de pobreza superior a la población adulta: 38.7% frente a 26.1% en 2024. Son 14 millones de niñas, niños y adolescentes que viven con bajos ingresos y múltiples carencias que, en ese periodo de la vida, tiene efectos devastadores para su presente y posibilidades futuras. A ello se añaden la inasistencia escolar y los aprendizajes insuficientes. PISA 2022 mostró que 47% del alumnado de 15 años carecía del nivel mínimo en lectura y 66% en matemáticas. Estos resultados obligan a recuperar aprendizajes y evitar que pobreza, trabajo y violencia sigan interrumpiendo trayectorias educativas, pero, sobre todo, truncando proyectos de vida.
De acuerdo con la ley, el SIPINNA debería articular una respuesta integral; sin embargo, su función coordinadora requiere instituciones con personal, capacidades y recursos para cumplir acuerdos; pero si esas condiciones faltan, la coordinación termina administrando insuficiencias. La austeridad federal se convierte así en austeridad de la protección: menos capacidad para prevenir, atender y restituir derechos. UNICEF documenta que la proporción del gasto social destinada a infancia descendió de 26.5% en 2018 a 15.8% en 2025. Esa trayectoria cuestiona la prioridad presupuestaria establecida en la Constitución.
La justicia familiar forma también parte de esta deuda. Un procedimiento que prolonga la incertidumbre, desatiende la violencia o decide sin escuchar adecuadamente puede convertirse en otra fuente de victimización. La Suprema Corte ha exigido participación con asistencia especializada y medidas para evitar la revictimización; empero, cumplirlo demanda transformar prácticas judiciales y garantizar representación efectiva.
El próximo 20 de noviembre debe confrontarnos con la profunda crisis moral que significa el incumplimiento estatal de los derechos de las infancias y de una sociedad que tolera su sufrimiento como parte habitual de la vida nacional.