La sucesión del INE ya tiene reloj. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, calcula, al menos, cuatro semanas para sustituir a Guadalupe Taddei, si se formaliza su renuncia. Habrá que integrar un Comité Técnico y cumplir las etapas legales. La urgencia está planteada; la incógnita es si prevalecerá la autonomía o el reparto de cuotas.
Los videos relacionados con el entorno familiar de Taddei, los señalamientos sobre proveedores y las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación han desatado una tormenta política en pleno proceso electoral 2026-2027. México se prepara para renovar miles de cargos públicos, entre gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos y alcaldías. No es precisamente el momento más cómodo para dejar al árbitro bajo sospecha.
Tampoco es la primera vez. Lorenzo Córdova concluyó su presidencia en 2023 entre acusaciones de cercanía con sectores opositores y controversias administrativas. Su gestión arrastró el agravio de las grabaciones difundidas en 2015 en las que se burlaba de la manera de hablar de representantes indígenas. Ofreció disculpas, pero el episodio resultó especialmente grave para quien encabezaba una institución obligada a garantizar igualdad y no discriminación. Córdova terminó su mandato; Taddei ha anunciado una salida anticipada. Son circunstancias distintas que exhiben una fragilidad recurrente: la confianza en la autoridad electoral.
Conviene recordar de dónde venimos. Hubo un México donde el gobierno organizaba las elecciones en las que también competía. El IFE nació en 1990, todavía presidido por el secretario de Gobernación. En 1996 se consolidó su autonomía frente al Ejecutivo y en 2014 se transformó en INE, con mayores atribuciones nacionales. Esa independencia no fue una dádiva del poder: costó décadas de exigencias ciudadanas, reformas y conflictos.
Del árbol caído todos hacen leña, dice el refrán. En política, algunos preparan las hachas antes de comprobar si el tronco está vencido. La crisis ofrece combustible para la confrontación partidista, pero confundir una investigación legítima con el linchamiento de una persona y su familia no fortalece la democracia.
El parentesco no es prueba de nepotismo. La ley obliga a identificar nombramientos, facultades, intervenciones y beneficios indebidos. Tener familiares en el servicio público no acredita por sí solo una infracción; tampoco exime de rendir cuentas. Lo mismo ocurre con las observaciones administrativas: deben investigarse, documentarse y resolverse, no utilizarse como sentencias anticipadas.
En el tribunal de las redes sociales el procedimiento se invierte. Primero aparece la filtración; luego, la indignación; finalmente, la condena. La defensa llega cuando el veredicto ya circula. Y la publicación y posterior desaparición del comunicado sobre la renuncia de Taddei añadieron confusión donde el INE debía ofrecer certeza. Anunciar una dimisión no equivale jurídicamente a formalizarla, mucho menos a una destitución.
La sucesión, de concretarse, exigirá una presidencia con solvencia jurídica, independencia y capacidad de interlocución con todas las fuerzas políticas. En 2027, las disputas por candidaturas y coordinaciones, las campañas mediáticas y la judicialización de las contiendas someterán a prueba al instituto. La oposición tiene derecho a fiscalizar; el oficialismo, la obligación de no aprovechar la crisis para subordinar al árbitro.
Hacer leña del INE caído quizá produzca una victoria mediática de ocasión. Pero el incendio institucional no distingue entre gobierno y oposición. Cuando las cenizas se enfríen, ambos necesitarán una autoridad capaz de reconocer victorias incómodas y derrotas legítimas. Sin confianza en las urnas, nadie gana de verdad.