706 reformas en 101 años

Nuestra ley suprema, es la que encabeza el sistema jurídico nacional, ninguna ley secundaria puede ir contra sus principios fundamentales ni, incluso, las constituciones locales, no se puede contrariar a ninguno de sus 136 artículos ni, incluso, sus 114 reformados desde su vigencia de 1917 a la fecha.

Con 706 reformas, nuestra Constitución se iguala en número de artículos a la Rusa que tiene 137, tan vasta como la Francesa con 89, sin embargo, no se caracteriza como las del resto del mundo en ser de las más magras, como por ejemplo la estadunidense con sólo 26 enmiendas.

En las administraciones de los presidentes Ernesto Zedillo (77) Felipe Calderón (110) y Enrique Peña (154) se han acumulado el mayor número de reformas, las facultades del Congreso establecidas en el artículo 73, han sido las que han obtenido el mayor número de modificaciones.

¿Las reformas ejercidas desde hace 25 años hacia nuestros días han cambiado el estatus socioeconómico, político y de bienestar de los gobernados? ¿O sólo han sido motivo de las necesidades del régimen en turno y sus circunstancias?

Los ciudadanos mexicanos perciben a las reformas constitucionales como salvavidas institucionales para rescatar las diversas crisis en cada ramo administrativo, que se han venido acrecentando por la falta de planeación y visión de Estado.

Nuestra vilipendiada Constitución ha sido custodiada con celo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sus resoluciones históricamente siguen siendo baluarte de la legalidad y el debido proceso. Incluso, recientemente, hubo un premio a una novela basada en principios jurídicos inviolables. Ejemplo de la pulcritud técnica y defensa del Estado de derecho en nuestro país, donde por supuesto falta mucho por hacer.

Sus 101 años nos hacen de nueva cuenta repensar cuantas más reformas necesitará para cumplir con las enormes expectativas que tenemos, sobre todo en épocas electorales, donde los protagonistas pregonan continuidad, seguir como está el pueblo mexicano; o regresar al régimen anterior; o refundarlo históricamente, esto último requerirá del concierto de los congresos, del federal y de la mitad más uno de los locales. ¿Habrá el compromiso republicano y la posibilidad de esa representación popular para priorizar los graves problemas nacionales que seguimos arrastrando?

La violencia exacerbada, la inseguridad generalizada y la corrupción cínica, son los 3 fenómenos sociales que deben extinguirse de la vida nacional, aquí necesitamos de una jornada nacional de unión patriótica, no importando la ideología, de por sí en crisis; tiene que ser un acuerdo donde el Estado mexicano y los gobernados en franca lucha demos punto final a la zozobra en la que viven millones de mexicanos.

La transparencia de los participantes en la administración del gobierno por venir, debe ser la principal carta de presentación, romper con los paradigmas de la cuota partidista y mostrar a la opinión pública a ciudadanos independientes con méritos suficientes para encabezar las instituciones más emblemáticas del estado mexicano, como actualmente lo hacen en el mundo, por ejemplo en Finlandia.

La sociedad debe ser congruente con la legalidad y el debido proceso, no se puede proponer fortalecer el artículo 102 Constitucional y al mismo tiempo convalidar convenios metalegales que crean más suspicacias que certezas en pleno periodo electoral. La ley no se negocia.

Los espectadores deben cambiar su postura, modificar el frustrante devenir electoral de cada seis años, la justicia social que señala nuestra Carta Magna no se ha cumplido cabalmente, el país ha despertado, es momento de hacer historia en beneficio de México.

Son 101 años, la PGR cumple los mismos, son tiempos de eliminación de viejas prácticas, de entender que el país ya pertenece a nuevas generaciones de mexicanos que estamos ansiosos de ver la grandiosidad del país en favor de
los ciudadanos y no sólo para una clase política que ya no cabe.

                Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.