La Constitución de la Ciudad de México ordenó la creación de instrumentos de planeación del desarrollo para normar la urbanización futura con orden. Los instrumentos incluyen el Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial, los programas de cada una de las 16 alcaldías y los 47 programas parciales, muchos de éstos ya caducados legalmente. Existen, además, algunos programas especiales, sectoriales o institucionales con objetivos particulares y temporales.
La Constitución se promulgó el 5 de febrero de 2017, hace diez años. Desde esa fecha, los sucesivos gobiernos no han sido capaces de lograr la aprobación de la piedra angular de una visión de la Ciudad de México a 50 años, que sería el Plan General de Desarrollo (PGD). Ahora se habla del Plan 2025-2045, una modesta mirada de 20 años. Pero el PGD cambia de contenidos con cada cambio de gobierno.
Hoy, las propuestas polémicas del PGD son reflejo de los intereses coyunturales del actual gobierno capitalino. Por ejemplo, quiere la consagración en el Plan de las Casas de Gobierno, su invento, que es un proyecto político-administrativo para mermar la autoridad y las facultades de los gobiernos electos de las alcaldías que no responden al proyecto político del gobierno central. Son una confusa regresión al modelo de gobernanza centralista al regresar a las delegaciones, contradiciendo las aspiraciones democráticas de los ciudadanos en la actualidad.
También busca el control o desaparición de los Copaco, la permanencia de las Utopías (una reciente creación como política pública, mas no urbanística) y la desaparición de los Planes Parciales, todo ello sin discusión, cuyo horizonte llega a 2030.
El problema que se presenta ahora es que, ignorando la inexistencia de un PGD, se quiere aprobar fast track una actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que existe desde 1998. Su actualización propone los temas de movilidad, transporte, infraestructura, servicios y desarrollo regional (propone la creación de sedes de la Universidad Rosario Castellanos).
Pero de repente brotó la sorpresiva propuesta del cambio en el método para calcular los cobros del predial en toda la Zona Metropolitana (16 alcaldías de la CDMX, 59 municipios del Edomex, 8 municipios de Hidalgo y 1 municipio de Morelos). La intención es autorizar su aplicación en todas las entidades participantes en este concierto metropolitano.
Para calcular el valor de cada predio y, por tanto, el predial que se debe pagar, se quiere cambiar el mecanismo del valor catastral al valor del mercado. Es una propuesta totalmente congruente con las políticas económicas neoliberales que caracterizan a los denominados “gobiernos de derecha o ultraderecha”.
¿Por qué? Porque el valor catastral existe fundamentalmente para mantener un criterio de equilibrio social en el cobro del predial ante la diversidad socioeconómica de cada calle, barrio, colonia y pueblo. Es un instrumento que reconoce que en cualquiera de estas unidades sociales existen distintas capacidades económicas. Por tanto, si se aplica el criterio del valor comercial en vez del valor catastral, el efecto que tendrá es el encarecimiento de los valores inmobiliarios. Provocará la expulsión de sectores sociales que no podrán pagar nuevos valores del impuesto predial.
El valor catastral es un instrumento de planeación urbanístico que toma en consideración la diversidad socioeconómica de cualquier comunidad y es, por tanto, un equilibrador social. El valor comercial, que es definido por el frío y duro mercado inmobiliario, expulsará a quienes no puedan pagar el alza en el predial. Aplicar ese criterio será una guillotina fiscal. Y provocará en la Ciudad de México y también en las otras zonas afectadas la expulsión de sectores de bajos recursos y una dinámica de mayor gentrificación.
Es necesario ser precisos en esto: cambiar al valor comercial obligará a la gran mayoría a pagar un predial mayor, aunque genere disputas jurídicas sobre la validez de las cifras fijadas. Lo que no quieren admitir los gobiernos federal y estatales es que su única intención, con el cambio de instrumento de cálculo de catastral a comercial, es recaudatoria. Los gobiernos que se van quedando con las arcas vacías buscan incrementar sus ingresos fiscales ante el espectro de un eventual colapso en la calidad y el alcance de sus servicios.
La guillotina será la nueva recaudación y, como dice la jefa de Gobierno, “más y mejor”, mientras muchos pierden sus viviendas.