El crimen organizado se vuelve político
En México se vivió un proceso electoral envuelto en un festín de violencia
La revista semanal internacional InSight Crime repasó el año 2024 con relación al crimen organizado en América Latina y sus actividades más relevantes. La investigación realizada arrojó una conclusión sorprendente (y no): el crimen organizado se involucró en la política de sus países como nunca antes. La revista concluyó que el crimen organizado representa un verdadero peligro creciente para la democracia en América Latina y el Caribe. Esto se constató al confirmar su intervención en numerosos procesos electorales y distintos procesos políticos en toda la región.
Según Insight Crime, algunos grupos criminales directamente amenazaron a candidatos para que declinaran su candidatura o los asesinaron sin aviso previo. También asesinaron a funcionarios públicos. Con esas acciones, impidieron la voluntad expresa y libre de los ciudadanos que acudieron a las urnas. En otros casos, las redes criminales operaron para corromper funcionarios de casilla u obstruyeron el desarrollo de los procesos para asegurar la victoria de candidatos afines a sus propósitos.
En Haití, los grupos criminales obligaron al primer ministro a renunciar y se apoderaron de toda la maquinaria electoral para dictar los resultados finales.
En Ecuador, el país enfrentaba la situación de un doble poder: el poder de los elementos criminales y el poder del Presidente y el Estado. Los criminales buscaban asesinar a alcaldes, jueces, fiscales y regidores para intimidar al Estado en la toma de decisiones.
En Venezuela, el presidente Maduro utilizó su alianza con las redes criminales para intimidar a los electores previo a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Después de las elecciones utilizó esos mismos elementos criminales para reprimir las protestas contra el fraude electoral.
En Guatemala, las redes criminales utilizaron a la fiscalía federal de ese país para anular la elección del candidato ganador de los comicios. Después de las elecciones, esas mismas estructuras ilegales han seguido tratando de anular el resultado electoral.
En México se vivió un proceso electoral envuelto en un festín de violencia por parte de actores criminales. Para mantener sus redes de apoyo político y sostener sus actividades ilícitas, los elementos criminales asesinaron, atacaron y amenazaron a decenas de candidatos y funcionarios públicos durante el transcurso del proceso. Incluso, un comando criminal detuvo el vehículo con la candidata ganadora de la contienda, entablando una conversación que buscaba confirmar acuerdos. Pocos días después de que la presidenta Sheinbaum asumió el cargo en México, un alcalde recién electo fue decapitado, como para recordar que los acuerdos se cumplen, so pena de sufrir las consecuencias.
En los meses posteriores a los procesos electorales del 2024, varios países han sido sacudidos por la violencia criminal vinculada a procesos políticos internos. En Chile, la preocupación por las actividades criminales hoy es la preocupación central de sus ciudadanos y tiene que ver con la presencia del Tren de Aragua, megabanda de inspiración venezolana, en territorio chileno.
En Argentina, el presidente Milei ha planteado combatir la criminalidad con el ejército en la calle, con un discurso muy parecido al que usó López Obrador para justificar la militarización de México. Uruguay ha logrado un consenso entre fuerzas políticas sobre el uso de la represión contra la creciente actividad criminal en su país. El Salvador ya es famoso por el uso extralegal de fuerzas del orden para subyugar a los elementos criminales de los Mara Salvatrucha en su país, con lujo de violación de los derechos humanos.
Y dos presidentes de la región se vieron involucrados en acusaciones por tener relación directa con los elementos criminales en sus respectivos países. Una es la presidenta Xiomara Castro, de Honduras, después de la publicación de un narcovideo involucrando a su familia en tratos con el narcotráfico.
El segundo caso es el de Andrés Manuel López Obrador, cuando se publicó que autoridades estadunidenses habían investigado si sus campañas habían recibido dinero del narcotráfico.
Si a todo esto agregamos la acusación reciente del presidente Petro de Colombia involucrando la guerrilla del ELN con el cártel mexicano de Sinaloa, el cuadro queda completo.
El narcotráfico opera políticamente en toda América Latina para imponerse, y el peligro para la democracia y el Estado de derecho está confirmado. Los demócratas deben actuar en consecuencia.