Censura
Que la censura es necesaria en México parece ser una idea que se ha naturalizado en Morena. La izquierda oficialista ha decidido que requiere instrumentos de control sobre las opiniones que se expresan en medios de comunicación y redes sociales para poder gobernar al ...

Ricardo Pascoe Pierce
En el filo
Que la censura es necesaria en México parece ser una idea que se ha naturalizado en Morena. La izquierda oficialista ha decidido que requiere instrumentos de control sobre las opiniones que se expresan en medios de comunicación y redes sociales para poder gobernar al país como quiere. La censura es cuando el gobierno decide lo que puedes, o no, decir públicamente. Si, en la opinión del oficialismo, algunas opiniones pueden “alterar o subvertir el orden social”, entonces las autoridades deberán encargarse de acallar esas voces.
Para ello, propone el gobierno crear instrumentos legales que le permitan actuar en ese sentido. De hecho, la propuesta de la Ley de Telecomunicaciones tenía, y sigue teniendo, ese propósito de control sobre las opiniones que se emiten y sobre los medios que las emiten. La única razón por la que no se aprobó el proyecto original fue debido a las protestas públicas nacionales e internacionales en su contra. Pero la intención de control y censura oficialista está nítidamente expuesta en el proyecto y sigue siendo su objetivo último.
El furor mediático en contra de la censura en México obligó al gobierno a reconsiderar no la intención de imponer la censura en México, sino la vía para lograr su objetivo. Lanzó iniciativas menos publicitadas en dos estados de la República (sic), Puebla y Campeche, para calibrar el ambiente sociopolítico en el mismo camino, pero con menos debate.
En Puebla se aprobó la llamada Ley de Ciberseguridad que castiga a personas con hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales contra la autoridad. Se incluyó en el Código Penal del Estado de Puebla el delito del ciberasedio o ciberacoso. Queda en manos de la autoridad la definición de estos conceptos, a la hora de dirimir acusaciones de la autoridad estatal contra individuos u organizaciones que supuestamente hubieran caído en cualquiera de estos supuestos.
En cumplimiento de las reformas al Código Penal de Campeche, el gobierno del estado, en la persona de la gobernadora Layda Sansores, acusó al exdirector del periódico Tribuna y a su representante legal por la presunta incitación al odio contra la propia gobernadora. Fueron acusados por difundir artículos periodísticos que, en opinión de la autoridad, promovían mensajes de odio y podrían ser condenados a años de cárcel. El periódico Tribuna es un medio impreso en el sureste mexicano reconocido por su estilo crítico de los gobiernos tradicionales, tanto actuales como del pasado. El mismo medio siempre mantuvo una posición crítica cuando el padre de la actual gobernadora, Carlos Sansores Pérez, fue también gobernador de la entidad.
Ambos casos son considerados como ensayos o estudios de laboratorio para medir la conformidad o inconformidad social y política con leyes de censura, y la conveniencia de andar, o no, por ese camino legislativo en este ambiente político.
La elección de los integrantes del nuevo Poder Judicial que accederán a sus cargos con escasa legitimidad destacó por la baja participación ciudadana y al escándalo relacionado al uso de acordeones, que ha creado una percepción de crisis en el gobierno y dudas sobre la viabilidad de Morena.
Los múltiples conflictos abiertos con Estados Unidos por el crimen organizado, la narcopolítica, la migración y el T-MEC se suman a un entorno poco favorable al avance de proyectos como el que implica la implantación de instrumentos legales que promueven la censura. No van acorde con una estrategia inteligente de un gobierno que busca cuidar su imagen internacional.
Todo esto estará sobre la mesa cuando la presidenta Sheinbaum se siente a negociar con el presidente Trump.