¿Quién es Gabriel García Hernández?

En memoria de Reihané Yabarí

El nombre de Gabriel García Hernández probablemente no le dice mucho a la mayoría de los mexicanos, excepto a quienes tienen un conocido con ese nombre. Sin embargo, en los oscuros sótanos del manejo y lavado de dineros públicos del PRD en el Distrito Federal, es un nombre-con rostro-harto conocido. Especialmente por Andrés Manuel López Obrador, Víctor Hugo Romo y David Razú. Es el hilo conductor que los une y los hace uno solo, con intereses y secretos en común.

Durante el sexenio de López Obrador fue director de Adquisiciones en la Oficialía Mayor para luego convertirse en el apoderado legal de Honestidad Valiente, la asociación civil que sirvió para lavar dinero durante las campañas presidenciales de 2006 y 2012. Fue quien supo cómo crear las condiciones para que López Obrador pudiera tener larga vida en la política sin incomodidades económicas. En 2012, aparece consignado en reportajes periodísticos acusado por el PRI como el integrante de Honestidad Valiente que servía de operador para recabar donaciones y ser el vínculo entre Austeridad Republicana, un organismo que recibía dinero “oscuro” del GDF a través de contratos sospechosos y lo pasaba a Honestidad Valiente.

Durante los últimos tres años ha operado para Romo y Razú en la delegación Miguel Hidalgo, haciendo lo que mejor saber hacer: lavar dinero público para que puedan operar con “holgura” los líderes políticos del PRD. A pesar de no ser empleado en la delegación, tenía una oficina permanente ahí, primero en el “palomar” y luego en la calle de Bufón, que actualmente es el centro de operaciones, apropiadamente, de la campaña de los candidatos de Foro Nuevo Sol. Daba, y da, instrucciones y establece directrices a los directores generales sobre sus áreas, especialmente en administración, cuyo titular formal es Alejandro Serrano, hermano del Héctor Serrano, secretario general de Gobierno.

Durante estos tres años de gestión perredista, la regla de oro ha sido que García era el único facultado para tomar decisiones administrativas sustantivas, por encima de los directores generales. Decide en qué capítulos de gasto se ejercerá el presupuesto delegacional y, más importante, es quien decide a qué proveedores se contrata y a cuáles no; dependiendo de los porcentajes del pago están dispuestos a otorgar para los gastos políticos del jefe delegacional y para la caja chica de gastos sin comprobar.

Adicionalmente, supervisa e instruye el trabajo del director general jurídico, en rubros tan delicados como inspecciones y clausuras de obras y establecimientos mercantiles. Además, es el único que puede decidir cuándo, y bajo qué condiciones, se levanta una suspensión o clausura después de haber cobrado sus servicios a los empresarios en la forma de una aportación económica informal y sin comprobación, por su carácter ilegal.

Supervisa y guía el trabajo en Ventanilla Única Delegacional (VUD), con facultades plenas para negociar el otorgamiento o rechazo de licencias y/o manifestaciones de construcción, después de acordar con los empresarios solicitantes recursos económicos que se justifican como “medidas de mitigación”. Con este método, que confirma la presencia de un esquema institucional de extorsión en el gobierno delegacional, avalado por la cabeza de la administración pública local.

Para contar con un apoyo interno, en virtud de no ser un empleado formal de la delegación, García pudo colocar a Rolando Felipe Barba Martínez como el coordinador administrativo de la jefatura delegacional. Así, García mantiene un control sobre las decisiones que considera que habría de tomar cada vez que se ausenta. A su vez, y coincidentemente, Barba fue el director de Administración y Finanzas de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (Captralir) en los tiempos de López Obrador, quien utilizaba la institución como una caja chica para sus operaciones políticas. Es decir, viene de la misma escuela que sus jefes.

El hecho de haber institucionalizado un sistema de extorsión, que involucra a directores generales, directores de área, coordinadores y muchos otros mandos altos y medios, hizo que permeara la autorización informal para que todos pudieran utilizar sus cargos públicos para hacer negocios. De ahí que la mayoría de los funcionarios de estructura de mandos medios y altos de la delegación Miguel Hidalgo dedican más tiempo a hacer negocios privados de extorsión, que en realizar sus funciones legales.

Hoy esta estructura de extorsión está al servicio de los candidatos del PRD en la delegación Miguel Hidalgo. El peligro es público. Gabriel García Hernández, ya identificado, es la punta del iceberg. Debe ser causa común curarnos de la enfermedad.

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