Mi reino por una norma
Lo que parecía ir encaminado a un desenlace trágico para la Ciudad de México la aprobación a todo vapor de la Norma 26, ahora se ha transformado en un performance mal planeado, y peor ejecutado, por sus atribulados y ocultos promotores. Esto no quiere decir que la norma ...

Ricardo Pascoe Pierce
En el filo
Lo que parecía ir encaminado a un desenlace trágico para la Ciudad de México —la aprobación a todo vapor de la Norma 26—, ahora se ha transformado en un performance mal planeado, y peor ejecutado, por sus atribulados y ocultos promotores. Esto no quiere decir que la norma no será aprobada por una mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ciertamente la moneda está en el aire. Podrá aprobarse, pero el costo político se ha elevado exponencialmente para la administración capitalina y el PRD.
El problema empieza por el contenido de la propuesta. Se quiere entregar el suelo capitalino a especuladores inmobiliarios cuando, como bien lo dijo recientemente Sergio Aguayo en su artículo sobre el caso, el tema de la participación de constructoras en negocios con funcionarios públicos se ha convertido en un asunto “de interés nacional”, después de los sonados casos de la Casa Blanca y Malinalco. Pretender que en el Distrito Federal suceda algo distinto, por ser un “gobierno de izquierda”, es simplemente cegarse ante la percepción ciudadana generalizada de que la corrupción entre desarrolladores y funcionarios tiene, en nuestra ciudad, su negocio más floreciente.
Se está abriendo una peligrosa grieta social entre gobernantes y gobernados, debido al apresuramiento oficial por aprobar la Norma 26 y el rechazo ciudadano que emerge desde la percepción sobre una persistente y sistemática corrupción y violación a las leyes urbanas que debieran regir en la ciudad. El conflicto, pues, no es solamente sobre la norma, sus contenidos y la posibilidad de ser aprobada o no. Es, sobre todo, un problema de confiabilidad en la palabra y acción del gobernante, debido a que los ciudadanos perciben que dice una cosa y, acto seguido, hace otra. A esto se debe que existan en la ciudad múltiples conflictos relacionados con fenómenos del desarrollo urbano, tanto por construcciones, establecimientos mercantiles y usos de suelo violatorios de la ley, así como por obra pública relacionada con agua, iluminación, mitigaciones y vialidades, entre otros. La obra para construir el paso a desnivel en Río Mixcoac e Insurgentes ilustra cabalmente el problema. Mientras las fuerzas policiacas no desvían ni actúan frente a maestros oaxaqueños que bloquean la avenida Reforma tres días seguidos, sí van con todo para “encapsular” los más pequeños contingentes de vecinos que rechazan la obra. ¿Acaso lo que determina la decisión de no molestar a unos manifestantes, y de orillar a la banqueta del camino a otros para que no estorben el flujo vehicular, se define por el tamaño del contingente, o de la radicalidad de sus palabras y acciones, o será por los lazos políticos efectivos que tiene cada movimiento, especialmente en tiempos electorales, cuando la rebatinga por votos está en su apogeo?
El trato diferenciado dispensado entre unos y otros manifestantes permite apreciar, aparte de otras consideraciones, el desprecio que anima a la autoridad por los ciudadanos del Distrito Federal. Cuidan a los maestros oaxaqueños, pero “encapsulan” a los habitantes de la ciudad ante cualquier problema. Hay un problema grave de falta de cuidado en las formas y trato entre gobernantes y gobernados. Esto conlleva a la ausencia de respeto entre unos y otros. Detrás de este conflicto existe uno más profundo: una crisis de legitimidad de la autoridad.
Parecería que el frío cálculo electoral lleva a las autoridades y su fantasma en el hombro —PRD— a concluir que, después de las elecciones no tendrá la mayoría de votos en la ALDF necesarios para aprobar las medidas que hoy pretende avanzar. Así que ha decidido empujar la máquina disciplinaria lo más posible, aun a costa de tener en contra a una parte de su propio partido. ¿Cuál sería el alcance del acuerdo entre el GDF y el cártel inmobiliario que hace que esté dispuesto el PRD a arriesgar la gobernabilidad de la ciudad para aprobar la Norma 26?
En el mismo tema electoral, la reflexión oficialista parece concluir que la única forma que tiene para retener una semblanza de control político sobre la ciudad es ganar, a golpe de billetes, el honor de ser la minoría más grande en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ese fondo será auspiciado por los agradecidos desarrolladores que, teniendo la Norma 26 en el bolsillo, sabrán reconocer el sacrificio a sus vapuleados amigos en el poder.
Están dispuestos a arriesgar el futuro de la ciudad a cambio de la aprobación de la Norma 26. El grito desesperado del rey Ricardo III (Mi reino por un caballo) se parece al gemido que emiten los actuales gobernantes de la Ciudad de México.
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