La historia constitucional de nuestro país da cuenta de que el llamado presidencialismo surgió a partir de la tendencia de ir concentrando facultades en favor de la Presidencia de la República. El Constituyente de 1917 prefirió ese camino en lugar de inclinarse por configurar un sistema de corte parlamentario.
Después de años de una Revolución sangrienta, los constituyentes mantuvieron el esquema jurídico que procurara un Poder Ejecutivo fuerte que restableciera el orden y la seguridad en el país. Pero sin reelección.
El Poder Ejecutivo federal ha concentrado cada vez más facultades formales, así como aquellas que el doctor Jorge Carpizo describió como “metaconstitucionales”. Así, la actual ingeniería constitucional de México le concede a quien ocupe la Presidencia de la República un enorme cúmulo de potestades de mando y autoridad.
La ventaja de articular la seguridad nacional y la seguridad pública bajo el mando presidencial estriba en la capacidad de coordinación centralizada; la celeridad y eficacia en la toma de decisiones estratégicas; así como la eliminación de tramos de control dispersos que ralentizan la acción preventiva y punitiva.
Sin embargo, este diseño entraña una contradicción intrínseca: la misma concentración del poder que se justifica para garantizar el orden, tiende a hipertrofiarse desplazando los contrapesos democráticos, desalentando la coordinación con las entidades federativas y dando pie a dinámicas autoritarias que priorizan el control político y la proyección mediática por encima de la efectividad real en la protección ciudadana.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 51 por ciento en relación entre el mes de septiembre de 2024 y julio de 2026.
Aunque estas cifras son alentadoras, los medios de comunicación y la academia misma han cuestionado el método y la manera con que se llegan a obtener.
Cómo se suele decir entre abogados —suponiendo sin conceder— que sean ciertas; queda la interrogante: ¿Por qué la ciudadanía sigue teniendo la tremenda percepción de que la inseguridad no disminuye?
Con base en un informe de México Evalúa, este avance no equivale a la pacificación ni resuelve los desafíos de seguridad, pues, aunque el indicador de homicidios bajó a nivel nacional, la violencia se reorganiza en los diversos ámbitos territoriales y migra a otras expresiones delictivas de manera igual o más grave.
Porque de acuerdo con datos oficiales, delitos de alto impacto como la extorsión, el cobro de piso, la desaparición forzada y el secuestro registran repuntes considerables en al menos 11 estados de la República.
Sin embargo, es de reconocer como un aspecto positivo que se haya dejado atrás la inoperante retórica de los abrazos, no balazos; y se esté aplicando una política pública que permite que mejoren las estadísticas de contención de los homicidios.
Pero existe un contraste pronunciado entre la alta popularidad personal de la Presidenta de la República —que ronda en 67 por ciento—; con la aprobación ciudadana hacia las acciones específicas del gobierno en materia de seguridad; las cuales sólo tienen 21 por ciento.
Las cifras indican que a la sociedad le preocupa más la inseguridad que la economía. Y es la principal asignatura pendiente, porque la concentración de facultades bajo el argumento de garantizar orden y seguridad, pierde su significado democrático si la ciudadanía sigue sintiendo que no se avanza de manera real en el combate al delito y la impunidad.
Como Corolario, la frase de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen: “La seguridad no lo es todo, pero sin seguridad todo lo demás es nada”.