La Constitución de 1917 fue la primera en todo el orbe en consagrar los derechos sociales. Fueron el resultado de las luchas sociales que dieron origen a la Revolución Mexicana para tratar de resolver las injusticias y desigualdades que se fueron gestando durante los largos años del Porfiriato.
A partir de su establecimiento en nuestra Carta Magna, la política social y de bienestar en México se vino fortaleciendo al paso del tiempo. Se crearon: el IMSS en 1943, el ISSSTE en 1959, y la Conasupo en 1965 para garantizar salud, pensiones y abasto alimentario. Después vinieron esquemas masivos de apoyo como Coplamar y el Sistema Alimentario Mexicano.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la asistencia social tuvo una redefinición y se pusieron en marcha los “programas focalizados de combate a la pobreza extrema”, que se operaron a través del Programa Nacional de Solidaridad.
Este esquema ha sido la base para la evolución institucional de los programas en los sexenios posteriores. Durante el mandato de Zedillo se llamó Progresa; en las administraciones de Fox y Calderón se intitularon Oportunidades; con Peña Nieto mutaron a Prospera; y después se transformaron en los actuales Programas del Bienestar instituidos por López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Todo ello viene a cuento por la trascendencia que tendrá en el Presupuesto de Egresos para 2027 el financiamiento de estos instrumentos de apoyos sociales.
La reciente presentación del Paquete Económico ante la Cámara de Diputados contempla un gasto neto total superior a diez billones y medio de pesos. De ese monto, se prevé destinar más de un billón de pesos al financiamiento de los programas sociales prioritarios, lo que equivale aproximadamente a 10% del gasto total del gobierno federal.
Esto significa que, aun considerados en conjunto, los presupuestos propuestos para Educación Pública y para Seguridad y Protección Ciudadana —cuyo monto ascendería aproximadamente a 641 mil millones de pesos— no alcanzan a aproximarse al presupuesto destinado al ramo de Bienestar.
Esta enorme asignación presupuestal reduce el margen financiero para proveer mayores recursos a infraestructura, salud, campo y otros rubros esenciales para la vida de nuestra sociedad. Además, de acuerdo con el propio Paquete Económico, para solventar el gasto previsto se contempla un endeudamiento adicional de un billón 700 mil millones de pesos. En otras palabras: el país incrementará su deuda pública para financiar estos propósitos de gasto.
El objetivo perseguido por los programas sociales es muy noble; sin embargo, su impacto presupuestario es profundo y nada sencillo de garantizar la eficiencia de su gasto.
Debido a la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), creado para medir con criterios de eficiencia y transparencia si los programas sociales cumplían sus metas de reducción de carencias y si su costo-beneficio justificaba el gasto público, se debilitaron los mecanismos de evaluación objetiva.
En la actualidad, preocupa mucho la ausencia de métricas autónomas e independientes para que se garantice que los apoyos sociales no sean utilizados con fines clientelares o electorales, y se dificulta, además, comprobar si en efecto contribuyen a disminuir la marginación.
Como Corolario, las ideas contenidas en la Encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV: “Las ayudas económicas a los pobres siguen siendo necesarias en situaciones de emergencia. Pero no pueden convertirse en la única respuesta; ya que el objetivo debe ser ofrecer a cada persona las condiciones para vivir dignamente a través de su propio trabajo”.