El carácter obligatorio de la ley

En nuestro país, la diferencia entre lo que sucede en la realidad social y lo que dispone el marco normativo es, en muchas ocasiones, un espacio muy grande. Por lo tanto, la utilización de la ley y la aplicación de sanciones —cuando la misma se transgrede o es inobservada— produce en el accionar de las autoridades un ámbito de discrecionalidad importante.

En México existe la práctica política de conducir las transformaciones sociales a través de cambios en la legislación. Se producen —en muchos casos— leyes ambiciosas, concebidas con la esperanza de cumplir aspiraciones y exigencias sociales, pero que no alcanzan a consumarse o a satisfacer sus objetivos, ya que la realidad social misma lo impide.

En ocasiones, desde que se promulga una ley, se sabe que su observancia cabal será difícil. La ley no es producto de una conducta o costumbre social reiterada, que requiere normarse, sino que es el resultado de consensos políticos que plasman una pretensión política.

La presidencia de la República y las dirigencias de los principales partidos políticos, sorprendieron a la opinión pública —al arranque del sexenio—, cuando anunciaron que trabajarían juntos en la confección de reformas legislativas trascendentes, en lo que bautizaron como Pacto por México.

El tema de la educación pública era prioridad. Todos los indicadores, encuestas, estadísticas y demás elementos de medición, demuestran el rezago lamentable que padecemos.

El país precisaba de una reforma educativa que retomara la calidad en su impartición; que permita utilizar de forma eficiente la  enorme cantidad de recursos financieros que se destinan para su prestación; que fomente el impulso del desarrollo tecnológico y la construcción de una nueva cultura cívica nacional.

El Congreso de la Unión ya procesó una reforma a la Constitución y creó todo un marco reglamentario para tratar de enfrentar la problemática.

Sin embargo, la negativa

—antes, durante y después de la aprobación del nuevo marco normativo— de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de permitir que se les apliquen a los maestros procesos de evaluación y capacitación, bajo el sofisma de que se les vulneran sus derechos laborales; ha generado una serie de actividades políticas, que están desquiciando la vida de los ciudadanos de la capital y de otras ciudades en los estados.

En Oaxaca, que es la entidad federativa con mayor atraso, el calendario escolar no ha iniciado siquiera, dejando a centenares de miles de niños sin clases y violándoles su derecho de recibir educación y a construir la posibilidad de mejorar su condición social.

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, en su reciente comparecencia ante diputados, sostuvo que los gobiernos estatales tienen la obligación de hacer cumplir la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente y sancionar a los profesores que han faltado a su trabajo injustificadamente.

Las marchas y plantones están financiadas por los salarios de los propios maestros paristas que reciben de las autoridades educativas estatales. Pero también, con seguridad, con las cuotas sindicales que la propia SEP retiene a todos los empleados del magisterio y entera a las dirigencias sindicales.

¿De qué sirve la adopción de consensos entre todas las principales fuerzas políticas del país y la generación de reformas legislativas estructurales, si las leyes no se van hacer cumplir?

Si la reforma educativa fracasa —cuando tiene toda la justificación social y goza de consensos unánimes— y su legislación resulta inútil para regular las actividades para las cuales se aprobó, la cultura del incumplimiento a la ley afectará el desarrollo de toda la sociedad y marcará un precedente que hará imposible seguir avanzando por el camino de las reformas estructurales que el país demanda y necesita.

                Profesor de la Facultad de           Derecho de la UNAM

                contrerasdf@gmail.com