Mientras el mundo del futbol celebraba los goles, las emociones y las historias que sólo un Mundial puede ofrecer, algo mucho más siniestro ocurría detrás del deporte. La FIFA, bajo el pretexto de proteger a jugadores, árbitros y entrenadores del acoso en línea, desplegó uno de los sistemas de vigilancia y control de información más sofisticado jamás implementado en el ámbito deportivo.
El denominado Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS, por sus siglas en inglés) no es simplemente un filtro de moderación de contenido: es una infraestructura de inteligencia que escanea millones de mensajes, identifica cuentas, y, en última instancia, decide qué puede decirse y qué no en el espacio público digital del futbol mundial.
El SMPS opera en dos frentes simultáneamente. Por un lado, actúa como un escudo: identifica contenido abusivo y lo oculta “automática e instantáneamente” antes de que los jugadores o sus seguidores lo vean. Es cierto, nadie discute que un deportista merece resguardarse del odio virulento, las amenazas y la discriminación, pero el segundo frente del SMPS es donde la cosa se pone peligrosa: la FIFA afirma que el sistema utiliza “herramientas forenses especializadas de inteligencia de código abierto para identificar a los abusadores con un nivel de evidencia suficiente”. Esto no es moderación de contenido: es investigación policial.
Una asociación deportiva privada está utilizando técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para rastrear la identidad real de personas detrás de cuentas anónimas, preparar “paquetes de evidencia” y presentarlos ante autoridades policiales en múltiples países. Desde 2025, 11 individuos han sido reportados a fuerzas del orden en Argentina, Brasil, Francia, Polonia, España, Reino Unido y Estados Unidos, además de un caso remitido a Interpol.
Aquí surge la primera pregunta inquietante: ¿quién supervisa a la FIFA? ¿Quién garantiza que el criterio para “desenmascarar” a alguien sea justo, proporcionado y respetuoso de los estándares de privacidad? La organización opera en un vacío regulatorio donde una entidad privada asume funciones que, en cualquier democracia, corresponden a jueces y fiscales sujetos a controles constitucionales. El problema no es sólo técnico-jurídico; es social. Cuando una organización como la FIFA despliega capacidades de vigilancia masiva, establece un precedente peligroso. Veamos los riesgos concretos para la población general.
Erosión del anonimato digital: el anonimato en línea no es un capricho de trolls y malhechores. Es un derecho fundamental para activistas, periodistas, disidentes políticos, víctimas de violencia doméstica y cualquier persona que, por razones legítimas, necesite proteger su identidad. Cuando la FIFA demuestra que es técnicamente viable y socialmente aceptable identificar a usuarios de redes sociales por “abuso”, abre la puerta para que gobiernos autoritarios, corporaciones poderosas y actores malintencionados hagan lo mismo con quienes los critican.
Censura encubierta y control de la narrativa: el SMPS no sólo elimina insultos racistas o amenazas de muerte. Su mandato cubre cualquier contenido que haga referencia, “expresa o implícita”, a los motivos de discriminación listados en el Artículo 4 de los Estatutos de la FIFA, que incluyen “opinión política u otra opinión”. Esto significa que una publicación política sobre un jugador que no canta el himno nacional, una crítica a la gestión de una federación, o un comentario sobre el comportamiento de un directivo durante una ceremonia puede ser marcada, oculta e incluso reportada.
Vigilancia: el SMPS es sólo la punta del iceberg. Para el Mundial 2026, la FIFA usó inteligencia artificial en la moderación de contenido, la gestión de multitudes, la detección de amenazas y el engagement con aficionados. Los sistemas de IA, aunque prometen eficiencia, son notoriamente imperfectos: luchan con el sarcasmo, el contexto cultural, los idiomas locales y las formas de abuso en evolución. El resultado fue una sobremoderación que silenció voces legítimas, mientras los verdaderos agresores aprenden a burlar los filtros.
Datos como moneda de cambio: la FIFA recopila datos masivos sobre millones de usuarios: qué dicen, cuándo lo dicen, desde dónde lo dicen, a quién se lo dicen. Estos datos no son neutrales. Pueden utilizarse para perfilar aficionados, segmentar mercados, influir en patrocinios, manipular narrativas publicitarias e incluso afectar mercados de apuestas.
Criminalización de la disidencia: el SMPS clasifica las cuentas en tres niveles: verde (identidad confirmada), ámbar (en investigación) y rojo (difícil de identificar). Las de nivel “verde” y “ámbar” son priorizadas para acciones que van desde sanciones educativas hasta denuncias penales. Pero ¿qué garantías existen de que este sistema no se utilice para identificar y silenciar a críticos incómodos? ¿Qué impide que una federación miembro utilice estos datos para perseguir a un aficionado que denuncia corrupción?