En estos días, Mariana Mazzucato ha presentado su libro La economía del bien común, y nos da un vistazo interesante sobre cómo gobernarnos de forma colectiva, y evitar el tecnofeudalismo de los millonarios tecnológicos. Para Mazzucato, mientras tú y yo intentamos entender cómo usar ChatGPT para que no nos reemplace en el trabajo, los señores de Silicon Valley ya estructuraron un nuevo orden económico que se parece más a la Edad Media que a la era de la libertad digital. En este escenario, las grandes corporaciones tecnológicas no sólo venden productos, son dueñas de las tierras digitales y nosotros somos los siervos que, con cada clic, dato y prompt, les trabajamos la tierra gratis. ¿Cómo diablos hacemos funcionar una economía que sirva a todos y no sólo a una decena o dos de multimillonarios cuyos patrimonios ya eclipsan el PIB de naciones enteras? ¿Es posible crear un verdadero bien común en esta era algorítmica?
La economista afirma que este nuevo libro es el cierre perfecto de un rompecabezas que lleva una década armando. Si miramos el retrovisor, este libro es el siguiente paso lógico de su obra. Ahora, con La economía del bien común, Mazzucato deja de centrarse únicamente en el “qué” puede hacer el Estado y pasa al “cómo”. Algo que siempre agradezco a quien critica y ofrece soluciones. Ya no se trata sólo de qué hacer, sino de cómo gobernamos de forma colectiva. Su propuesta central es sustituir la vieja burocracia por una “Brújula del Bien Común”, un marco operativo que baja el concepto romántico del “bien común” a contratos, cláusulas y leyes tangibles desde el día uno. Ya no son pilares teóricos aislados, sino cinco elementos prácticos que deben funcionar en sintonía. De hecho, este último trabajo me recordó mucho la plática que tuve con Audrey Tang, la exprimera ministra digital de Taiwán, que hablaba sobre cómo la IA y, en general, la tecnología debía ser un tequio digital. El primero es el propósito y la direccionalidad, es decir, establecer misiones claras de hacia dónde debe alinearse la innovación, tal como lo hizo Barbados al convertir la cultura en el eje central de su estrategia económica para sanar las heridas del colonialismo. El segundo es la cocreación y la participación, logrando que los ciudadanos decidan el rumbo y no sólo los tecnócratas, un modelo que el ayuntamiento de Camden, en el Reino Unido, llevó a la práctica al incluir a asambleas ciudadanas en el rediseño de los servicios de salud esenciales. El tercero es el aprendizaje colectivo y el intercambio de conocimientos, gestionando las patentes como bienes públicos en lugar de rentas privadas. El cuarto es el acceso para todos y el reparto de beneficios, implementando la predistribución para que si el gobierno arriesga dinero público, las ganancias se compartan equitativamente.
El quinto, y la base de todo, es la transparencia y la rendición de cuentas, un diseño activo de soberanía digital como el que implementó Barcelona con CityOS, tratando los datos municipales como un recurso compartido propiedad de la gente y no de las grandes corporaciones.
El gran riesgo actual, y aquí es donde Mazzucato pone el dedo en la llaga, es el mission-washing (o lavado de imagen mediante misiones). Hoy en día, gobiernos de todos los colores —incluidos los de México y Brasil— y corporaciones de Silicon Valley se llenan la boca hablando de “misiones”, “propósito” y “desarrollo ético de la IA”. Pero detrás de la cortina se mantienen las mismas relaciones parasitarias de siempre: el gasto es público, el algoritmo es privado y los datos de la gente se siguen expropiando. ¿Cómo se hackea esto en la era de la IA? Cambiando las reglas del diseño institucional. Si una empresa tecnológica quiere subsidios estatales o acceso a datos públicos para entrenar sus modelos de lenguaje, el Estado debe exigir condicionalidades estrictas desde el principio. No se trata de corregir el mercado después de que el monopolio destruyó el tejido social, sino de moldearlo antes.
Mazzucato lanza, además, una advertencia política brillante a través de lo que llama “el problema del precio del huevo”. La estrategia industrial ha vuelto a escala global; los gobiernos occidentales están gastando cientos de miles de millones de dólares en semiconductores y energía verde. Técnicamente son proyectos impecables. Sin embargo, sufren una crisis de legitimidad, porque para muchos votantes el impacto no se corresponde con la realidad de sus vidas. A la gente de a pie no le importa el anuncio de una macroplanta de microchips si cuando va al supermercado el precio de los alimentos, la vivienda y el cuidado infantil está por los cielos. Si las misiones se diseñan como un ejercicio tecnocrático y cerrado, la ciudadanía las rechaza. La economía del bien común no es una utopía bienintencionada, es un proyecto práctico, medible y gobernable. En los años decisivos que se avecinan, o configuramos los mercados tecnológicos bajo una lógica simbiótica y democrática usando esta brújula o nos resignamos a ser los siervos digitales de un nuevo feudo tecnológico.