El macabro hallazgo de diez cadáveres en Zacatecas ha vuelto a colocar al estado en el centro del debate nacional sobre la seguridad pública.
Apenas unos meses atrás, durante 2025, la entidad era presentada por voceros oficiales y analistas como el caso de éxito más emblemático del país en la reducción de la violencia letal. Las cifras oficiales respaldaban el entusiasmo: los homicidios dolosos en territorio zacatecano se desplomaron casi 80% respecto del año anterior, una caída drástica que sirvió para fundamentar discursos triunfalistas sobre la presunta eficacia del modelo de seguridad local y la coordinación con las fuerzas federales. Fresnillo, considerada por largo tiempo como la capital nacional de la inseguridad, cedió esa marca a otras ciudades.
Sin embargo, la crudeza de los recientes acontecimientos obliga a cuestionar la narrativa oficial y a examinar las verdaderas dinámicas que hicieron posible esa tregua temporal. Lo que en realidad ocurrió en la región no fue el despliegue de una estrategia policial transformadora ni el fortalecimiento definitivo de las instituciones de procuración de justicia, sino un reordenamiento del crimen organizado.
Los dos principales grupos delictivos con presencia en el estado —el Cártel de Sinaloa, afincado predominantemente en el norte, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con hegemonía en el sur— llegaron a un acuerdo pragmático para dividirse el territorio, los corredores de tránsito y los mercados locales. Una tregua de conveniencia mutua donde la violencia explícita cedió el paso a una delimitación pactada de fronteras criminales.
Durante muchos meses, ninguna de las dos organizaciones transgredió el acuerdo ni desafió la línea divisoria establecida, produciendo una ilusión estadística de pacificación que las autoridades no tardaron en adjudicarse como propia.
El frágil equilibrio saltó por los aires el pasado fin de semana. Algo se fracturó en la arquitectura de esa componenda para que diez personas, que aparentemente no formaban parte del núcleo operativo de ninguno de esos dos grandes cárteles, fueran secuestradas y posteriormente ejecutadas. La posterior difusión, esta misma semana, de un video atribuido a la facción del Mayito Flaco dentro del Cártel de Sinaloa, acusó directamente a las autoridades locales de haber violado los compromisos implícitos del pacto. Este hecho no sólo desnudó la precariedad de la calma aparente, sino que confirmó la peor de las sospechas: lo que se vivía en Zacatecas era una clásica pax narca y no el resultado de una política gubernamental sólida o sostenible de combate a la impunidad.
En materia de seguridad pública existen esencialmente dos vías para lograr la reducción sostenida de los asesinatos. La primera consiste en aplicar de manera rigurosa la ley, desarticular las redes operativas y financieras de la delincuencia e imponer costos lo suficientemente altos para que quienes estén dispuestos a violar la norma no tengan incentivos para hacerlo. La segunda, mucho más endeble y ajena al Estado de derecho, ocurre cuando un solo grupo delictivo logra el control regional en exclusiva o cuando las facciones dominantes acuerdan una tregua temporal para administrar el territorio sin interferencias violentas.
Confundir la pax narca con la paz auténtica es un error conceptual y político de graves consecuencias. La paz no es la mera ausencia de balaceras o el descenso coyuntural de los homicidios en las estadísticas oficiales; la paz verdadera se construye sobre la vigencia del Estado de derecho, la justicia para las víctimas y la capacidad institucional del Estado para garantizar la seguridad sin depender de la voluntad o las disputas de las organizaciones criminales.
Cuando la tranquilidad de una sociedad depende de la vigencia de un pacto entre cárteles, basta un pequeño desencuentro o una traición entre las partes para que la violencia brote de nuevo con la misma ferocidad, dejando en evidencia que el monopolio de la fuerza nunca perteneció a las instituciones.