Usted seguramente escuchará mañana una larga lista de cifras en el mensaje del Segundo Informe de Gobierno. Serán números que ilustrarán lo que el Ejecutivo considera logros de los primeros 23 meses de la administración federal.
Pero habrá una que no escuchará: 20 mil 314. Es el número de personas que han desaparecido desde el 1 de octubre de 2024, día en que comenzó el sexenio, de acuerdo con lo que consignaba el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas al momento de escribir estas líneas.
A decir de esa fuente, en México han sido sustraídas en promedio 30 personas al día desde aquella fecha. El monto representa un incremento de 32.85% respecto de los primeros 23 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sexenio en el que se dio el mayor número de desaparecidos de la historia, con 51 mil 93, según la misma base de datos, y un aumento de 136% en relación con el mismo periodo de arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto. Peor aún, las sustracciones de mujeres subieron cuatro puntos —de 18.24 a 22.37 por ciento— entre el sexenio anterior y éste.
Como le digo, usted no escuchará esos datos, porque de lo que tratarán de convencerlo es de que las cosas marchan muy bien en el país. Pero, ¿se puede decir que van bien cuando, todos los días, 23 hombres y siete mujeres no regresan a casa? ¿Pueden ir bien cuando casi no se ha abatido el rezago de desapariciones —más de 100 mil— que dejaron sin resolver los gobiernos anteriores?
Sería desafortunado que no hubiese por lo menos un reconocimiento de que éste es el problema más grave en un país que tiene varios otros, como el estancamiento crónico de la economía, el incremento sostenido de la informalidad laboral y la baja de los ingresos tributarios. Entiendo que un gobierno intente mostrar la mejor faceta de lo que está haciendo, pero seguir negando el problema, como se ha hecho a lo largo de los últimos ocho años —salvo la ocasional atención que se le ha dado con propósitos mediáticos— no hará que se esfume.
La sustracción de 30 personas al día es una tragedia en muchos sentidos. Los familiares de los desaparecidos —en quienes se ha cargado la tarea de buscarlos— no sólo dejan de comer y de dormir como debieran, por la angustia que significa la ausencia, sino, como lo mostró el estremecedor reportaje de mi compañera Olimpia Ávila publicado ayer en estas páginas, los enfrenta con el fantasma del desempleo, pues muchos de ellos han agotado periodos vacacionales y permisos por participar en las búsquedas.
Una desaparición en la familia es un drama a cualquier edad, pero no deja de mandar un mensaje escalofriante el que uno de los grupos que concentra un porcentaje importante de las sustracciones sean los jóvenes de entre 15 y 24 años, con cerca de 29% del total. Se trata de 5 mil 806 desparecidos, de los cuales 4 mil 66 son hombres y mil 740 mujeres.
A uno de esos casos he tenido que referirme con frecuencia por el nulo avance en las investigaciones. Se trata de Carlos Emilio Galván Valenzuela, quien el próximo 5 de septiembre cumplirá 11 meses de haber desaparecido cuando fue al baño de un restaurante en Mazatlán. El negocio es propiedad quien entonces era miembro del gabinete de Rubén Rocha Moya, el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, al que las autoridades federales no parecen dispuestas a investigar, pese a que es buscado por la justicia estadunidense, y con quien parecen muy tranquilas mientras se mantenga en su casa.
Entre las muchas desgracias que causaron Rocha Moya y sus colaboradores está haber dejado en la impunidad centenares de desapariciones, como la de Carlos Emilio. En su primer discurso, al asumir el interinato en la entidad, la gobernadora Graciela Domínguez Nava apenas rozó el tema, a pesar de que Sinaloa tiene una tasa de 55.45 sustracciones por cada 100 mil habitantes, la más alta en lo que va del presente sexenio federal.
Deseo que en su mensaje de mañana, con motivo del Segundo Informe, la presidenta Claudia Sheinbaum no haga lo mismo. Que lo reconozca en toda su dimensión y toda su gravedad. Veremos.