Ernesto Ruffo Appel fue ingresado ayer por la mañana en la prisión federal de El Altiplano, luego de que la jueza encargada del caso, Alejandra Ramírez de la Vega, lo vinculó a proceso por las acusaciones que le hace la Fiscalía General de la República (FGR). Al margen de que los cargos en su contra se sustenten con pruebas sólidas, es difícil ver este caso como aislado de la política y de los tiempos electorales que vive el país. El entramado del huachicol fiscal en México es tan amplio, enredado y escandaloso, que seguramente involucra a una cantidad considerable de personajes políticos, varios de ellos en activo, y éstos, curiosamente, no han sido molestados por las autoridades ministeriales.
El instinto de la autodenominada Cuarta Transformación para aplicar la justicia ha sido el sesgo político, una dinámica selectiva que puede encontrar con facilidad cualquiera que recuerde el emblemático caso de Rosario Robles, quien tuvo que ser puesta en libertad después de que se cayeron todas las acusaciones en su contra tras años de prisión preventiva. Para el movimiento gobernante, desgastado por diversos frentes, hacía falta tener a un panista de peso en la cárcel, y finalmente ha encontrado ese trofeo político perfecto en Ruffo.
Los antecedentes del proceso revelan un manejo cuando menos cuestionable. La FGR había intentado originalmente obtener 23 órdenes de aprehensión por el complejo caso que involucra al corporativo energético Ingemar, pero esta petición inicial había sido rechazada por el juez federal de carrera Mario Elizondo Martínez, al considerar que no se cumplían los requisitos legales. Ante ese revés, la Fiscalía volvió a solicitar las mismas órdenes de aprehensión, pero agregando el nombre de Ruffo, y en esta ocasión sí las obtuvo, casualmente por medio de la juzgadora de elección popular Ramírez de la Vega. Queda claro, pues, que el Ministerio Público Federal pudo obtener la orden de aprehensión contra Ruffo mediante una petición formulada de última hora, un cambio de condición del imputado –quien había sido llamado como testigo el año pasado– y un oportuno cambio de juzgador. La extenuante audiencia inicial contra el político bajacaliforniano, que transcurrió durante todo el fin de semana, se ha convertido ya en la más larga desde que comenzó a operar plenamente el sistema penal acusatorio hace una década.
Para dimensionar el impacto de este golpe mediático, resulta indispensable recordar que Ruffo, quien tiene 74 años de edad, se volvió una figura histórica de la transición democrática en México al convertirse, en 1989, en el primer gobernador de oposición del país. Hoy, la acusación concreta en su contra es por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, vinculados con operaciones de la empresa Ingemar, S.A. de C.V. Las indagatorias señalan que esta red introducía masivamente combustibles desde la frontera norte evadiendo el pago del IEPS, generando un daño a la Hacienda pública estimado en más de 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, no se debe perder de vista que la detención de Ruffo coincide en tiempo con los señalamientos contra la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien le fue retirada su visa estadunidense y fue grabada conversando con quienes ella creía que eran “agentes o intermediarios de autoridades” de ese país, y ante los que ofreció colaborar entregando información. Esta columna no pretende exonerar ni condenar anticipadamente a Ruffo; la gravedad de los delitos imputados exige seriedad. Lo indispensable en un Estado de derecho es que las pruebas objetivas y el debido proceso determinen con rigor su culpabilidad o inocencia –y la de los otros presuntos involucrados en el huachicol fiscal, el acto de corrupción más grande que haya conocido el país–, sin la burda intervención de una justicia diseñada a modo.
Por último, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el fin de semana que este caso nada tiene de político y que si Ruffo “demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces y tendrán que hacerlo de manera imparcial”. Con todo respeto, es exactamente al revés: el acusado no tiene que demostrar su inocencia; es la FGR la que tiene que probar los cargos.