Revocación

Hace dos semanas, las reformas al artículo 35 de la Constitución –para introducir la figura de revocación del mandato y modificar la mecánica de la consulta popular– pasaron por la aduana de San Lázaro.

Con la ayuda de los diputados del PRI –que se sumaron al bloque oficialista–, la iniciativa alcanzó la mayoría calificada y fue enviada al Senado, donde, hasta el momento de escribir estas líneas, no había iniciado el trabajo legislativo en comisiones.

Estamos a tiempo de evitar una grave regresión en materia democrática. Los senadores tienen en sus manos evitarla y, como Cámara revisora, serán responsables de sus efectos si es aprobada.

No me preocupa la revocación por ser la puerta de entrada de la reelección del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como aseguran algunos. Porque existe un compromiso público del tabasqueño de no buscar la reelección.

Es cierto, podría faltar a su promesa, pero lo que no podría hacer es revertir la no retroactividad de las reformas constitucionales.

Igual que sucedió con las reformas que hicieron posible la reelección de alcaldes y legisladores –que apenas comenzó a aplicarse en 2018 luego de ser promulgada en 2014–, no podría funcionar en el caso de la Presidencia de la República, sino hasta 2030.

Lo que hoy debiera preocuparnos es otra cosa: la revocación significaría, por un lado, meter un alto grado de incertidumbre en que un Presidente elegido para seis años no termine su periodo, lo cual llevaría a la oposición a no colaborar con él en nada; y, por otro, que gobierne no para el bien del país, sino para asegurarse que concluir su periodo.

Se dice en defensa de la iniciativa –minuta en manos de los senadores– que la revocación del mandato existe en otros países. Eso no significa que pueda o deba adoptarse en México. Porque si a esas vamos, la reelección también existe en otros lados. Nuestro país tiene características históricas particulares. Y creo que ha sido un acierto que, desde 1934, todos los presidentes que han sido elegidos para un sexenio han terminado su periodo.

Es verdad que se pueden encontrar antecedentes de la revocación del mandato incluso en la democracia ateniense. Pero el que la iniciativa provenga del propio Presidente y que él pudiese tener la facultad de convocarla es un contrasentido.

Incluso podría ser violatoria de la Constitución si se quiere aplicar en 2021 porque el periodo por el que López Obrador fue elegido fue de cinco años y 10 meses y termina el 30 de septiembre de 2024.

¿Se imagina si la oposición tuviera mayoría en el Congreso y decidiera legislar para imponer una votación de revocación del mandato en 2021? Aquello se vería como un intento de golpe de Estado.

En 19 estados de Estados Unidos existe la figura de revocación del mandato. En California –donde fue exitosa en 2003– se necesita la firma de 12% de los electores registrados, provenientes de al menos cinco condados. En México se quiere que la petición prospere con 3% de ciudadanos que firmen.

Es engañoso, además, que el propio Presidente pueda iniciar un proceso de revocación en su contra y que éste se celebre el día de las elecciones intermedias.

Parece un simple pretexto para que el Ejecutivo pueda recurrir a los medios y hacer campaña para sacar brillo a su propia imagen y apoyar a su partido, lo cual quedó prohibido por una reforma constitucional en 2007, y que, irónicamente, fue aprobada por presión del propio López Obrador, luego de lo sucedido en la elección de 2006.