La modificación constitucional para prohibir que las personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia de la República, a las gubernaturas o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se vendió como un blindaje indispensable para salvaguardar la soberanía nacional ante eventuales injerencias extranjeras.
No obstante, desde el momento en que se dio a conocer la iniciativa, diversos analistas y voces de la oposición percibieron una dedicatoria implícita dirigida hacia personajes del bloque opositor refugiados o radicados en el extranjero, singularmente contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pese a que desde el podio de Palacio Nacional se negó de forma reiterada cualquier intención de personalizar la reforma, el oficialismo apretó las tuercas legislativas en ambas cámaras hasta lograr su aprobación definitiva con la aplanadora parlamentaria de Morena y sus aliados. Sin embargo, el tiro por la culata sobrevino de forma casi inmediata y con una contundencia inesperada. La primera víctima visible de la rigidez constitucional no pertenecía a las filas opositoras, sino a la propia coalición gobernante: la senadora con licencia Jasmine Bugarín, quien acaba de ser nombrada “coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit” y perfilada como virtual candidata a la gubernatura de esa entidad.
Al salir a la luz pública que Bugarín nació en suelo estadunidense, la legisladora intentó atajar la controversia mediante una publicación en sus redes sociales donde afirmó de manera categórica que ya había presentado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores su “renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, particularmente a los Estados Unidos de América”. El asunto escaló hasta la conferencia matutina. Con el propósito de sofocar el escándalo político, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, salió en defensa del trámite administrativo que Bugarín había realizado años atrás ante la Cancillería mexicana. La postura oficial encendió de inmediato las posturas en la opinión pública. Juristas y comentaristas advirtieron que los manifiestos presentados ante la burocracia mexicana resultan del todo insuficientes. Acorralada por la inconsistencia de su versión inicial, Bugarín tuvo que dar un viraje público y anunciar que acudió personalmente al consulado estadunidense en Guadalajara para iniciar el procedimiento formal de renuncia.
El viernes pasado entrevisté en Imagen Radio al abogado especialista en materia migratoria Aarón Ortiz Santos para desentrañar los alcances reales de ese trámite. El especialista confirmó que la renuncia a la ciudadanía de Estados Unidos debe desahogarse de manera presencial ante un funcionario consular de ese país, requiere cubrir un pago de unos 500 dólares y representa un proceso burocrático complejo que suele tardar varios meses en resolverse. Ortiz Santos, quien trabaja auxiliando a la comunidad mexicana en Atlanta para regularizar su estancia legal, compartió además el profundo desaliento que invadió a nuestros paisanos en EU ante esta reforma. Explicó el sentimiento de rechazo generado porque nadie consultó a la diáspora para redactar la norma, creando una contradicción flagrante con los avances legislativos alcanzados en 2023, cuando se aprobó una reforma para precisar que las personas nacidas en el extranjero de madre o padre mexicano son mexicanas por nacimiento.
Además, el desaguisado pone al descubierto la falta de técnica jurídica y la precipitación con la que se suelen redactar estas iniciativas al calor del cálculo político. En redes sociales, el usuario @RalfBrsrk sintetizó el dilema de fondo con una reflexión impecable: “¿Y si no le da la gana al Departamento de Estado de concederlo o de hacerlo a tiempo? Sin querer, le regalaron a gobiernos extranjeros la facultad de decidir quién puede ser candidato. Se ve que no pensaron bien el asunto”.
La observación da de lleno en el blanco. Al condicionar la elegibilidad de los candidatos a la expedición de un documento emitido por una potencia extranjera, la bancada oficialista terminó entregando a un gobierno ajeno el control sobre quiénes pueden competir por el poder en México, vulnerando de manera absurda la misma soberanía nacional que pretendía blindar en el papel.