El brutal asesinato de Martina Amates González, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, junto a su hija y su chofer, no representa un hecho sangriento más en las estadísticas de la violencia en México; es un síntoma claro del desmantelamiento del Estado en uno de sus patrimonios naturales e históricos más deslumbrantes.
Los cuerpos de las tres víctimas, arrojados en inmediaciones de la carretera federal entre Taxco e Ixtapan de la Sal con visibles huellas de tortura e impactos de arma de fuego, exponen con crueldad cómo la delincuencia organizada ha capturado y sometido a su antojo uno de los parques nacionales más emblemáticos del país.
Ubicado en el norte del estado de Guerrero, el sistema de cavernas de Cacahuamilpa es una maravilla geológica cuya historia se hunde en los pliegues de la memoria ancestral.
Habitadas en épocas prehispánicas por pueblos chontales, las grutas fueron redescubiertas para el mundo moderno en 1834 por el hacendado Manuel Sainz de la Peña Miranda, quien, según relata la tradición popular, se escondió allí para escapar de sus perseguidores. Desde entonces, este dédalo subterráneo fascinó a diplomáticos, científicos y exploradores. En sus impresionantes salones —como el Salón de la Cúpula, el del Candelabro o el del Panteón, bautizados así por las caprichosas formas de sus estalagmitas y estalactitas moldeadas a lo largo de millones de años— resonaron anécdotas legendarias como las visitas de Humboldt y la emperatriz Carlota.
En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el sitio de forma oficial como Parque Nacional, entregando su preservación a las comunidades locales organizadas, que durante décadas gestionaron con enorme orgullo el sustento y el desarrollo turístico de toda la región.
Sin embargo, ese rico legado geológico y cultural hoy languidece bajo el dominio absoluto del crimen. La franja territorial que abarca desde el municipio de Pilcaya hasta Taxco se ha transformado en una zona de silencio y terror, gobernada de facto por organizaciones delictivas como La Nueva Familia Michoacana. En este territorio azotado por el miedo, los delincuentes ya no operan desde la clandestinidad ni ocultan sus intenciones; imponen su propia ley con total impunidad ante la mirada inerte de las autoridades estatales y federales. En años recientes, el parque se convirtió en un escenario habitual para el cobro de piso y hasta el secuestro. Recientemente se documentó cómo eran engañados muchos paseantes por falsos guías, quienes los asaltaban, vaciaban sus tarjetas o los retenían de forma violenta para exigir rescate a sus familias.
Intentar mantener la integridad del sitio o proteger a los visitantes se paga con la vida. La administradora Martina Amates se convirtió en blanco de esta red criminal tras negarse a ceder el control institucional a la estructura delictiva o sucumbir a sus constantes exigencias financieras. Su trágico final demuestra que en el corredor Pilcaya-Taxco la autoridad formal es una ficción y que la delincuencia ha asumido el control de las áreas protegidas del país. El caso de Cacahuamilpa no es un hecho aislado; refleja cómo los bosques, lagos y reservas naturales de México están cayendo bajo la bota del crimen.
Es así como la ciudadanía va perdiendo el derecho a disfrutar de su propio patrimonio. Las majestuosas catedrales de piedra de las grutas, que alguna vez inspiraron asombro y orgullo —y que conocí de niño, hace más de medio siglo, de la mano de mi padre—, hoy resuenan con el eco del luto y la impunidad.
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