En casi cuatro décadas que tengo de observar la política mexicana como periodista, he podido ser testigo de la caída de 15 gobernadores en medio de escándalos judiciales o de corrupción o por incompetencia. Algunos de ellos recibieron premios de consolación, como una posición en el gobierno federal, y otros simplemente se fueron a su casa.
Lo que nunca había visto es a un mandatario estatal que regresara de la muerte política para reasumir el mando al concluir la licencia que formalmente todos ellos piden para separarse del cargo, pues éste es irrenunciable de acuerdo con el marco legal.
El primer caso de ese tipo que me toca conocer es el del sinaloense Rubén Rocha Moya. Ayer por la mañana, de forma insólita, anunció que regresaba a la gubernatura, 112 días después de dar un paso de costado a causa de la acusación hecha por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Con absoluto desparpajo, anunció su retorno mediante una comunicación en la red social X, en la que se dijo inocente de las “patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha” y se dirigió al Palacio de Gobierno en Culiacán para volver a sentarse en la silla.
Más tarde, en medio del azoro que provocó, grabó un video desde su despacho para proclamar que estaba “de regreso”, a fin de “seguir gobernando con firmeza y entrega”.
Es tal el cinismo con el que ha actuado desde el viernes a temprana hora que cosechó no sólo el repudio de la oposición sino hasta el deslinde de sus compañeros del movimiento gobernante. Muy rápido, la dirigencia nacional de Morena, la Secretaría de Gobernación, los liderazgos en el Congreso de la Unión y hasta el resto de los gobernadores morenistas tomaron distancia de él y dejaron claro que la decisión del sinaloense había corrido por su cuenta.
Ésta es una situación verdaderamente extraña para la política mexicana, en la que la soberanía de los estados suele ser de papel, sobre todo en aquellos que son gobernados por el mismo partido que tiene en sus manos la Presidencia de la República.
Quizá el único antecedente moderno sea la rebeldía del tabasqueño Roberto Madrazo respecto del presidente Ernesto Zedillo, pero en este caso no se puede obviar que Rocha Moya es un prófugo para la justicia estadunidense, pues cuenta con una orden de aprehensión expedida por un juez de allá.
Su inopinado regreso crea una situación de tensión en la relación bilateral con Estados Unidos, ya de por sí espinosa. El gobierno federal se ha negado a entregarlo, como quieren los fiscales en Nueva York, bajo el argumento de que “no hay pruebas” de su culpabilidad. Dicha posición, por cierto, resulta estrambótica, pues las pruebas, tanto en el derecho estadunidense como en el nuestro, se presentan y se valoran en el juicio, no antes. Pero más grave que eso es el hecho de que el desplante de Rocha Moya resulte una burla para Washington, que seguramente no tardará en ser motivo de un reproche o algo peor.
Si bien no puede descartarse que el gobernador se haya ido por la libre para reinstalarse a sí mismo, eso no se corresponde con la práctica en México, donde los mandatarios estatales están al servicio de un poder superior. Al deslindarse de su decisión el gobierno federal, las únicas opciones que quedan entre quienes pudieron haber ordenado que Rocha Moya regresara al cargo son el expresidente Andrés Manuel López Obrador o algún poder fáctico como aquel con el que está presuntamente ligado el mandatario sinaloense y que habría pagado y operado su triunfo electoral, según la acusación que está alojada en Estados Unidos.
López Obrador, quien hasta el momento de escribir estas líneas no había emergido de su retiro en Palenque para dar su opinión sobre el tema, tiene una larga relación con Rocha Moya, que se remonta por lo menos hasta los años 90. La posibilidad de que el expresidente esté detrás de este movimiento no debiera descartarse, en función de que ocurrió apenas una semana después de que su hijo, Andy López Beltrán, dirigiera una carta muy agria al presidente estadunidense Donald Trump para quejarse de la cancelación de su visa.
En la misiva, el vástago interpretó el agravio en su contra como una “injerencia” estadunidense en los asuntos de México, cosa de la que se hicieron eco varios integrantes de la nomenklatura morenista. Volver a poner a Rocha Moya en la gubernatura es un movimiento que, lo puede adivinar cualquiera, significa una tensión adicional en la relación con Estados Unidos, e internamente puede ser interpretado como una señal de defensa de la soberanía, aunque no sea sino una bravata descocada.
Tenga el origen que tenga, el extraño retorno de Rocha Moya no es sostenible. Sinaloa es un estado en guerra y no necesita fricciones adicionales como ésta. Asimismo, es una provocación para la presidenta Claudia Sheinbaum —quien, quizá para meditar mejor su respuesta, se tomó ayer el día libre— y también lo es para la delicada relación bilateral con Washington.
Rocha Moya no puede alegar inocencia desde ningún ángulo. Dos de sus colaboradores, señalados junto con él en la acusación estadunidense —ni más ni menos que quienes fueron sus secretarios de Seguridad Pública y Economía—, ya cruzaron la frontera para entregarse. Las evidencias del apoyo que recibió de la delincuencia en su campaña electoral son abrumadoras. Y, por si fuera poco, el estado que desgobernó durante casi cinco años está sumido en un conflicto armado, que ya lleva dos años, con miles de asesinados y desaparecidos.
En los hechos, Sinaloa no tiene gobierno. Por lo tanto, si Rocha Moya insistiese en permanecer en el cargo, el Senado no debería tener obstáculos para proceder con una declaratoria de desaparición de Poderes. Sería lo más sensato: ya hace falta que el Estado pinte claramente su raya respecto del crimen organizado. Otro camino, quizá complementario, sería que la justicia federal enjuiciara a Rocha Moya y a sus secuaces. En un proceso serio, no simulado.
Y hablando del Estado, es momento de que la Presidenta haga un deslinde mayor y deje claro que los apetitos de gobernar más allá de un sexenio y dejar herederos políticos no son aceptables en esta República.