El 31 de agosto de 1976 marcó una fractura imborrable en la memoria colectiva del país. A tres meses de concluir el convulso mandato del presidente Luis Echeverría, el gobierno anunció el abandono de la paridad fija de nuestra moneda, poniendo fin a más de 22 años de una tradición que los mexicanos juzgaban inamovible: el dólar a 12 pesos con 50 centavos.
Aquella decisión desató un tsunami financiero y social. Hoy, a punto de cumplirse medio siglo de esa jornada funesta, resulta indispensable repasar y repensar un hito que inauguró la amarga era de las crisis sexenales en México.
Las razones de aquel colapso no fueron obra del azar ni de conspiraciones pasajeras, sino de un modelo agotado que la demagogia oficial se negó a corregir a tiempo. El economista Arturo Bonilla Sánchez, en su análisis publicado al calor de los acontecimientos en 1977, sintetizó el problema de fondo al señalar que “el mantenimiento prolongado de la paridad del peso encubría el paulatino deterioro de la estructura económica nacional”.
Durante años, el régimen financió un gasto público expansivo con endeudamiento externo y emisión irresponsable. La sobrevaluación artificial abarató la compra de bienes extranjeros, estranguló la competitividad del aparato productivo interno y engordó un déficit comercial insostenible. Cuando las reservas del Banco de México se agotaron ante la fuga vertiginosa de capitales, la flotación forzada de la moneda no fue un acto de audacia, sino una humillante rendición obligada.
Las consecuencias de aquel ajuste estremecieron las entrañas de la nación. De la noche a la mañana, la inflación devoró el poder adquisitivo de los asalariados, las deudas en dólares contratadas por empresas e individuos se volvieron impagables y el costo de vida se disparó. Las familias mexicanas, ajenas a las turbulencias cambiarias desde mediados de los años 50, vieron esfumarse sus ahorros y planes de vida. El tejido social terminó de resentirse en medio del desconcierto generalizado.
Eduardo Portas Ruiz documentó la agudeza de esa crispación al indicar que “la devaluación expuso de forma cruda las profundas brechas entre la iniciativa privada y el régimen echeverrista, abriendo un periodo de severa desconfianza mutua”.
Yo tenía entonces 10 años de edad y recuerdo que el clima de los últimos días del sexenio era de absoluta incertidumbre: compras de pánico, anaqueles vacíos y, según las conversaciones de adultos que aún retengo, un extendido sentimiento de desamparo frente al discurso oficial.
Aquel fatídico agosto contribuyó a hundir aún más el bien más preciado para la convivencia democrática y que había comenzado a perderse en 1968: la confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes. Sin embargo, ese doloroso episodio también representó un duro aprendizaje para las instituciones mexicanas. La lección maduró lentamente hasta que, 18 años después, el país construyó un banco central dotado de plena autonomía, organismo que desde entonces se ha consolidado como un pilar insustituible de la estabilidad monetaria.
Al respecto, el investigador Vidal Ibarra Puig subrayó el peso histórico de aquel viraje al afirmar que “el episodio de 1976 inauguró un patrón estructural en el que la política cambiaria se convirtió en la principal variable de ajuste ante los desequilibrios acumulados”. En efecto, a partir de esa crisis pionera surgió entre nosotros la costumbre de medir la salud entera de la economía según la cotización del dólar, un reflejo condicionado que subsiste con fuerza hasta el día de hoy.
Sin embargo, adoptar la paridad como fetiche y juzgar la solidez económica de un país únicamente mediante la fuerza o debilidad de su divisa suele ser un error extendido. Un tipo de cambio fuerte puede responder simplemente al atractivo momentáneo de tasas de interés elevadas o al ingreso masivo de remesas, mientras la economía real sufre de anemia productiva.
A 50 años de la gran sacudida de 1976, la lección sigue vigente: la verdadera prosperidad no descansa en espejismos de gabinete ni en el control obsesivo de un número, sino en la disciplina fiscal, el fomento a la producción y la fortaleza de nuestras instituciones republicanas.