En el verano de 1984, ansioso por asistir como espectador a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, abordé un autobús en la Central del Norte de la Ciudad de México con destino a Tijuana. El trayecto fue una odisea ininterrumpida de 44 horas. Mis fondos como estudiante eran limitados y no había margen para costear un boleto de avión. Tenía 18 años y recuerdo perfectamente lo extenuante del viaje. En el último tramo, la espalda me dolía con tal intensidad que sentía el deseo de acostarme a lo largo del pasillo del camión.
A una tortura similar, pero agravada por la saña institucional, han sometido ahora a Ernesto Ruffo Appel. El exgobernador de Baja California enfrenta un proceso legal por presunto tráfico de combustible que despierta serias dudas sobre su fondo y motivación. Esa acusación le valió ser trasladado en avión para permanecer encarcelado durante 72 días en el penal de El Altiplano, un centro federal de máxima seguridad concebido de origen para alojar a los criminales más peligrosos del país.
Durante su estancia en Almoloya, Ruffo vivió en condiciones deplorables. La ventana de su celda estaba rota, lo que lo obligó a taparla él mismo con una cobija para mitigar el gélido viento que se filtraba, reduciendo todavía más la de por sí escasa iluminación natural de ese espacio. A ese aislamiento se sumó la severidad de un régimen penitenciario intransigente que sólo le permitía tomar el sol durante una hora al día. Estamos hablando de un hombre mayor, de 74 años, afectado por múltiples padecimientos físicos que lo obligan a tomar diariamente un estricto coctel de medicamentos, además de cargar con una prótesis de cadera.
Por fin, tras más de dos meses de encierro y deterioro manifiesto, un juez federal aceptó el alegato de la defensa para que el político bajacaliforniano pueda continuar su proceso en detención domiciliaria. Si bien la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que acatar el fallo del juzgador, la institución emitió un comunicado el pasado viernes 25 de septiembre de 2026 subrayando que los delitos imputados “exigen constitucionalmente la imposición de prisión preventiva oficiosa de manera obligatoria”.
Pero el oficialismo no quiso despedirse sin asestar una prueba final de infamia. Dictaminó que el traslado de Almoloya a Ensenada se realizara por vía terrestre, en un recorrido que lo llevará directamente a la trayectoria del huracán Polo. Mientras el exgobernador padecía este agotador calvario carretero, la justicia mostraba su doble rasero habitual, pues muy probablemente el exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, a quien la propia FGR no ha podido o no ha querido localizar para que rinda su declaración en un proceso paralelo sobre huachicol, disfrutaba de una plácida jornada de golf en el campo del Club Campestre de la Ciudad de México. La vara de la ley, queda claro, jamás mide igual a los opositores que a los distinguidos miembros del régimen.
El trayecto por carretera entre el Estado de México y la costa norte de Baja California supera los 2 mil 800 kilómetros. Un vehículo oficial consume unos 350 litros de gasolina, costo al que deben sumarse más de una docena de casetas de peaje y los viáticos de comida para una comitiva de al menos cuatro agentes de custodia. Todo este despliegue operativo supera fácilmente los 20 mil pesos, una cifra desmesurada si se compara con los aproximadamente 6 mil pesos que habrían costado dos boletos de avión comercial en la ruta México-Tijuana para el imputado y un solo elemento de seguridad.
Resulta una hipocresía que gobierno pregone a diario la austeridad republicana y la urgencia de reducir costos, y haya optado en esta ocasión por la alternativa operativamente más cara y humanamente más cruel. Decidieron someter a un adulto mayor con la salud quebrantada a más de 30 horas de sacudidas por el asfalto.
La narrativa oficial suele presumir que su filosofía política se sustenta en un profundo sentido humanista. Con el caso de Ernesto Ruffo, el poder ha dejado claro lo que entiende por humanismo: el uso del aparato estatal para infligir el mayor castigo posible antes de que siquiera se compruebe la culpabilidad.