Si había alguna duda, los hechos de los días recientes han dejado claro que la aspiración de tener una Fiscalía General de la República autónoma, sin control del Ejecutivo o del partido gobernante, se quedó en un sueño guajiro.
Hace casi una década, a nombre de la bancada del PRD, el senador Miguel Barbosa –quien en 2019 alcanzaría la gubernatura de Puebla, postulado por Morena– propuso blindar a la naciente FGR de cualquier influencia del gobierno, mediante la modificación del artículo 102 constitucional.
Lo que buscaba en lo inmediato el morenismo en ciernes es que Raúl Cervantes, titular de la agónica Procuraduría General de la República, no se convirtiera de forma automática en el primer responsable de la nueva institución. Los entonces opositores acusaban al presidente Enrique Peña Nieto de pretender imponer a un “fiscal carnal”.
Con el paso de unos cuantos años, aquella prevención se convirtió en complacencia. El nuevo oficialismo miró satisfecho la docilidad que desarrolló la FGR respecto de la Presidencia de la República, un esquema que se reprodujo rápidamente en los estados, donde los gobernadores no tardaron en desechar al fiscal heredado del sexenio anterior e imponer a quien cumpliría sus caprichos.
Hoy las instituciones de procuración de justicia, encabezadas por la FGR, se han convertido en instrumentos al servicio del poder en turno, no de los ciudadanos. Y, así, pueden vestir de legitimidad una patraña como la cometida en Campeche, donde al rector de la universidad estatal le sembraron droga en su vehículo para hacerlo desistir de su reelección; o meter a la cárcel a los maquinistas de un tren, para que no se culpe a los constructores de una obra ferroviaria de la muerte de pasajeros en un descarrilamiento, o llamar a declarar a 50 servidores públicos para tratar de exhibir a una gobernadora de oposición como “traidora a la patria” por haber hecho el trabajo que correspondía a las autoridades federales, pero que no hicieron: el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Respecto de ese último caso, vamos a suponer por un momento que los muchachos de la FGR tienen las mejores intenciones de hacer cumplir la ley, y de castigar a quienes dejaron que cuatro agentes de la CIA se inmiscuyeran en asuntos que tocan exclusivamente a los mexicanos. El problema es que si van a llevar a declarar a medio centenar de funcionarios de Chihuahua, sólo para sacarles la sopa sobre quién invitó a los güeros a la fiesta, cabría esperar que tuvieran el mismo rigor con casos más graves.
¿Cómo cuáles? Pues investigar la reunión de la que nos informaba, ayer en estas páginas, nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, entre el defenestrado gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y el jefe de Los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien, de acuerdo con la misma versión, había secuestrado a familias enteras para recuperar un dinero que le habían quitado.
Después de presentar su licencia al cargo, Rocha Moya se fue tranquilamente a su casa, sabedor de que podrá ya no tener inmunidad procesal –Arturo Zaldívar dixit–, pero le queda harta impunidad gubernamental. ¿O qué autoridad lo ha mandado llamar para preguntarle por qué lo requiere un juez de Nueva York y si son ciertos los cargos que le imputa el Departamento de Justicia estadunidense?
Otra duda es saber a cuántos servidores públicos ha mandado llamar la FGR para dilucidar el paradero del joven duranguense Carlos Emilio Galván, quien desapareció cuando departía con dos primas en un bar de Mazatlán, propiedad de quien entonces era miembro del gabinete de Rocha Moya.
O ¿por qué no ha mandado llamar al senador Adán Augusto López Hernández, para preguntarle qué supo, siendo gobernador de Tabasco, de las andanzas de Hernán Bermúdez Requena, jefe del grupo criminal La Barredora, a quien él nombró como secretario de Seguridad Pública en el estado?
Yo quiero creer lo que ha venido diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, que, como jefa del Estado, ella no distingue colores partidistas. Para que eso se confirme, la FGR tendría que dejar de actuar como el brazo político del gobierno y dedicarse a hacer valer la ley para todos. Porque lo que tenemos ahora es una Fiscalía politiquera.