La nueva sentencia de 50 años contra Daniel Arizmendi, alias El Mochaorejas —llegada con más de dos décadas de retraso—, me devolvió a finales del siglo pasado, cuando su banda tenía asolado al Valle de México, sembrando un terror insólito para mi generación.
Su actividad marcó el fin de una larga era de paz y el inicio de la pesadilla de inseguridad de la que aún no logramos salir. Desde entonces, comenzamos a vivir puertas adentro: los niños dejaron de jugar en las calles, surgieron casetas de vigilancia en las esquinas y las casas se enrejaron en un intento, muchas veces fútil, por evitar sobresaltos.
Entre 1995 y 1998, Arizmendi lideró una red que perpetró decenas de secuestros de alto impacto marcados por la impiedad. Su sello más infame era amputar las orejas de sus víctimas con tijeras de podar o cuchillos para enviarlas a sus familias y presionar el pago de rescates millonarios. Los tenía en condiciones infrahumanas y su banda ejecutó a varios cautivos cuando no se reunía el dinero exigido o se retrasaban las entregas.
En 2002 acordé con Alejandro Gertz, primer titular de la Secretaría de Seguridad federal, realizar una serie de entrevistas con delincuentes de alto perfil en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, en Almoloya de Juárez, primer penal de máxima seguridad del país, inaugurado en 1991.
Comencé entrevistando al guerrillero Jacobo Silva Nogales, alias Comandante Antonio, del ERPI, conversación que formó parte de un texto con el que gané mi primer Premio Nacional de Periodismo.
Entrar como reportero a Almoloya —luego llamada La Palma— exigía paciencia: había inspecciones estrictas y varias esclusas de seguridad llamadas “diamantes”. Una mañana fría de fines de 2002 me senté con Arizmendi. Tras esperar en una sala indistinguible, apareció el hombre que había doblegado a sus víctimas mediante el horror.
Le pedí que me relatara su infancia y adolescencia, buscando alguna clave que explicara la crueldad. “Soy hiperactivo”, dijo de sopetón, adivinando el rumbo de mis preguntas. “Ya estoy diagnosticado, pero en ese entonces no se sabía nada sobre eso”, añadió, citando al psiquiatra de la prisión.
—Causó usted inmenso dolor, Daniel. ¿Lo tiene claro, verdad?
—Hoy sí, pero entonces lo veía como un medio para conseguir cosas. Lo primero que hice con el dinero de los rescates fue comprarme una chamarra. Luego tenía tanto efectivo que no alcanzaba a gastármelo.
—¿Cuándo decidió que el secuestro sería su medio de vida?
—Yo no me volví secuestrador en un día; me fui convirtiendo poco a poco. Lo que aún no entiendo es por qué me dejaron llegar tan lejos…
—¿A qué se refiere?
—Empecé asaltando transeúntes en la avenida Chimalhuacán, en Ciudad Neza. Luego robé autopartes y después transporte de carga. Pasó mucho tiempo antes de mi primer secuestro. ¿Por qué no me detuvieron?
—Pero estuvo antes en la cárcel, ¿no le hizo recapacitar?
—Al contrario. De ahí sale uno queriendo más. La cárcel no rehabilita, induce al delito.
No sé si esa escalada sea común a todos los delincuentes, pero las autoridades saben muy poco sobre los presos, o no saben qué hacer con lo que aprenden. Hay información suficiente en el sistema penal para trazar perfiles precisos. Lo que me relató El Mochaorejas, con todo su cinismo, me llevó a indagar de dónde salían los homicidas.
Con una base de datos de sentenciados, en 2007 publicamos en Excélsior un reportaje sobre sus rasgos comunes: hombre de entre 25 y 35 años, sin secundaria terminada, habitante de zona conurbada y en unión libre.
Quizá las autoridades tengan hoy esos perfiles, pero dudo que los usen para diseñar políticas públicas y hacer lo que planteaba Arizmendi: evitar que los delincuentes escalen por los peldaños de la violencia. Hoy, como hace 30 años, seguimos deteniéndolos y construyendo cárceles, en lugar de atajarlos cuando aún se puede hacer algo constructivo con ellos.