Hay verdades incómodas que se cocinan a fuego lento y luego nos estallan en la cara cuando menos lo esperamos.
Durante décadas nos acostumbramos a pensar en Petróleos Mexicanos como una alcancía inagotable a la que el gobierno podía meterle mano cada vez que necesitaba completar el gasto público. Era la proverbial gallina de los huevos de oro, de la que hablaban los abuelos y los viejos economistas. El problema es que a la gallina no sólo la exprimieron hasta la extenuación, sino que terminaron enfermándola de gravedad. Y hoy, en lugar de dar huevos, la gallina exige una dieta diaria de 800 millones de pesos simplemente para no colapsar.
Para entender lo que está pasando hoy con las finanzas del país no hace falta ser un especialista de Wall Street ni un doctor en economía por Harvard. La historia es bastante sencilla, aunque sus consecuencias sean amargas. Imagínese usted a un familiar que tiene una pequeña empresa que lleva años dejando pérdidas, con deudas hasta el cuello y contratando a más personal del que realmente necesita para trabajar. En lugar de sentarse a reestructurar el negocio, ajustar los gastos o buscar socios que le ayuden a meterle dinero fresco y tecnología, el familiar decide pedir préstamos y usar el dinero del gasto diario del hogar para tapar los hoyos del negocio fallido. ¿Qué cree que le va a pasar a su crédito, tarde o temprano? Exactamente: el banco le va a subir la tasa de interés, le va a recortar el crédito y lo va a poner en una lista negra.
Eso es, palabras más, palabras menos, lo que nos está ocurriendo con los llamados bonos del gobierno. Un bono no es otra cosa que un pagaré que firma el Estado mexicano cuando sale a pedir dinero prestado a los inversionistas de todo el mundo. Durante mucho tiempo, México tuvo fama de ser un pagador puntual, ordenado y disciplinado. Teníamos una especie de calificación con diploma de honor en el mercado internacional, lo que nos permitía conseguir financiamiento barato para lo que hiciera falta.
Sin embargo, en los últimos dos sexenios se ha tomado la decisión política de transferirle a la petrolera estatal una cifra astronómica de recursos. De acuerdo con datos publicados esta semana por la agencia Bloomberg, la suma supera ya los 130 mil millones de dólares destinados exclusivamente a mantener a flote a la empresa. La intención de proteger una institución que ha sido convertida en símbolo de la soberanía nacional puede sonar muy bien en un mitin en la plaza pública, pero las reglas del mercado financiero no entienden de pasiones ideológicas ni de discursos mañaneros. Los mercados no ven sino números fríos y realidades concretas: Pemex sigue teniendo una deuda descomunal, produce apenas la mitad del petróleo que extraía hace dos décadas y cada barril que saca le cuesta más trabajo y más dinero. Y cuando lo refina, termina perdiendo.
Al asumir como propias las deudas y los boquetes de Pemex, el gobierno mexicano terminó contagiando su propia salud financiera. Las agencias encargadas de medir qué tan seguro es prestarle dinero a un país ya nos colocaron a un solo peldaño de la zona conocida como grado especulativo o “basura”. En la práctica, esto significa que los inversionistas ya nos miran con desconfianza. Y cuando hay desconfianza, el castigo es inmediato: para comprarnos un pagaré, nos exigen intereses mucho más altos. Hoy nos cuesta más caro endeudarnos que a países vecinos con economías bastante más pequeñas.
El problema real no es un concepto abstracto de mercado. Cuando al gobierno le sale más caro pedir prestado, hay menos margen para la inversión pública y el crédito se encarece para todos en el país. Seguir haciendo transferencias millonarias a fondo perdido sin resolver el problema esencial de Pemex no es rescatarla; es amarrar una piedra pesada al cuello de la economía mexicana y lanzarla a nadar en mar abierto. La soberanía de una nación no se defiende dilapidando el dinero público en un barril sin fondo, sino garantizando la estabilidad y el futuro de todos sus ciudadanos.