Claridad en China, oscuridad en casa

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

Ante empresarios de la región APEC reunidos en Shenzhen, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció algo fundamental: México necesita atraer capitales para financiar su desarrollo y la inversión pública por sí sola resulta insuficiente. Conviene celebrar este viraje respecto al sexenio anterior, cuando se pretendió convencer al país de que el gasto estatal bastaba para detonar el crecimiento y la iniciativa privada era vista con recelo, apenas como complemento tolerado o un mal necesario.

El flanco débil se encuentra en el tono y el contenido del mensaje. En un foro de negocios resulta improductivo pronunciar una pieza de oratoria política. Quienes toman decisiones en las grandes corporaciones globales buscan certidumbre para sus inversiones, seguridad física y jurídica para sus operaciones y un retorno previsible. A los empresarios les tienen sin cuidado las proclamas sobre “conquistas compartidas” o el humanismo mexicano. Su objetivo es la rentabilidad, mientras el beneficio para el país receptor consiste en la generación de empleos formales y la derrama económica.

Más allá de la retórica, existe un abismo entre el México que se describió en China y la realidad documentada por el World Justice Project (WJP) en su Índice de Estado de Derecho 2026. La Presidenta prometió simplificación administrativa, reglas claras y condiciones óptimas para invertir a largo plazo en su paquete de infraestructura 432 mil millones de dólares. Sin embargo, el reporte del WJP —del que me ocupé aquí ayer— ubica a nuestro país en el peldaño 125 de 143 naciones, tras retroceder cuatro lugares respecto a 2025. En cumplimiento regulatorio caímos al sitio 118, reprobados por demoras administrativas irrazonables y falta de debido proceso; en ausencia de corrupción ocupamos el lugar 135; en justicia civil el 135, y en justicia penal el 139, sumado al último puesto mundial en control efectivo del crimen.

Al capital internacional le resulta indiferente el signo ideológico de un gobierno, siempre que las normas sean estables y los tribunales actúen con imparcialidad. Cuando esas premisas faltan y los actores institucionales se vuelven impredecibles, el dinero queda expuesto y se abre la puerta a la corrupción. La planeación de negocios de largo plazo exige un Estado de derecho sólido.

Cuando el nombre de México vuelva a aparecer en la mesa de algún consejo de administración que evalúe dónde abrir una planta, este índice pesará en la balanza. Al comparar opciones, los analistas verán que competidores directos por esos mismos capitales gozan de una salud institucional muy superior: Chile ocupa el lugar 33, Malasia el 54, Indonesia el 75, Vietnam el 80 e incluso Brasil se sitúa en el 83, más de 40 escalones por encima de nosotros.

No es casualidad que este descenso de cuatro posiciones ocurra con la reforma judicial y la elección popular de jueces aún frescas. Abundaron las advertencias técnicas sobre el riesgo de someter la impartición de justicia a las urnas y destruir la carrera judicial. Hoy pagamos las consecuencias en los indicadores internacionales. Si el gobierno insiste en no hacer caso a estas señales y se niega a rectificar errores de ese calibre, ningún discurso en el extranjero alcanzará para convencer al mundo de que México es un destino seguro para invertir.

BUSCAPIÉS

*En su primera conferencia mundial de transporte aéreo tras 13 años, la OACI, reunida en Montreal, proyecta 12 mil 400 millones de pasajeros al año para 2050, frente a los 4 mil 600 millones registrados en 2024, es decir, casi triplicaría el volumen actual. México no absorberá ese crecimiento sin un nuevo aeropuerto como el cancelado en Texcoco, proyecto que los viajeros seguimos pagando mediante una TUA elevada.

* La Organización Panamericana de la Salud retiró a México su certificación de país libre de sarampión tras comprobar más de un año de transmisión continua. En Palacio Nacional, Rafael Valdez, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, aseguró que los contagios cayeron 90% y esperan acabar con el brote en 2027. Como siempre, el gobierno presume estar superando la crisis mientras elude reconocer la caída en la vacunación que la originó.