El jueves 17, a las 9 de la mañana, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, anunció con bombo y platillo en su cuenta de X el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo. La cifra, espectacular a primera vista, equivale a unos 370 mil barriles de petróleo, es decir, un volumen equivalente a la producción de un par de días de una refinería completa. La información sobre los hechos en la comunidad de La Fragua no tardó en ser etiquetada como la mayor incautación de combustible ilegal en la historia. Casi 13 horas después, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado para confirmar “el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, de los cuales no se ha acreditado su origen”.
El problema es que la acusación no parece sostenerse, ni en las fechas ni en el fondo. Para empezar, la cronología oficial naufraga ante los hechos en el terreno. La intervención de las autoridades federales y estatales en la planta no ocurrió esa mañana del 17 de septiembre, sino casi dos semanas antes, el 4 de septiembre. Aquel día, agentes de la FGR se presentaron en el predio a raíz de un seguimiento derivado presuntamente de la detención de una pipa en San Luis de la Paz. Las autoridades inspeccionaron la instalación durante un par de jornadas, cotejaron la documentación disponible y se retiraron. La planta no fue clausurada; de hecho, para cuando la narrativa del decomiso se vendió a los medios como un operativo recién ejecutado, la terminal llevaba varios días despachando combustible con total normalidad.
Tampoco el fondo del asunto aguanta un análisis riguroso. Menos de 24 horas después del anuncio, la empresa operadora de las instalaciones, Gas Natural del Noroeste —filial de Grupo SIMSA—, ofreció una aclaración que dejó al descubierto la fragilidad del expediente. La compañía adujo que la Terminal de Almacenamiento y Suministro opera con apego a la ley desde 2017, amparada en un permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía con vigencia de tres décadas, además de contar con todas las autorizaciones ambientales de la ASEA y de transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La propia firma ha sido proveedora de Pemex y clave en la logística energética del Bajío.
Pero el detalle decisivo es la naturaleza del negocio: la terminal presta un servicio público de almacenamiento para terceros. La empresa no es dueña de los 59 millones de litros guardados en sus contenedores; el producto pertenece a empresas comercializadoras e importadoras. Si existió alguna falla en la documentación aduanal, una discrepancia en el pago de impuestos o un problema de trazabilidad del combustible, la responsabilidad atañe a los importadores, no a la instalación receptora que custodia el material.
Presentar el inventario total de una planta privada debidamente permisionada como si fuera un botín clandestino rescatado del crimen organizado es un despropósito. La desmedida ansia por fabricar triunfos políticos inmediatos —en anticipación a una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato— terminó por desacreditar la propia investigación ministerial. Al final, el golpe que se anunció como histórico no fue más que un chasco informativo donde la búsqueda de reflectores se adelantó por mucho a la verdad legal.
BUSCAPIÉS
Otra prisa por presumir fue la que se realizó para sofocar el escándalo diplomático y mediático tras el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte. El crimen obligó a la autoridad mexicana a actuar con una urgencia que rayó en lo grotesco. En un intento por demostrar eficiencia ante las presiones de Madrid y el escrutinio de la prensa, se aprehendió a Francisco Javier “N”, alias El Trompas. Sin embargo, las imágenes de la detención expusieron la fragilidad de nuestro sistema de justicia: el presunto responsable del crimen fue exhibido y trasladado amarrado en la batea de una camioneta tipo pick-up, sin los protocolos elementales de custodia. Un procedimiento tan precario no transmite firmeza frente al crimen. Lo que hace es debilitar el debido proceso y comprometer el caso antes de llegar al juzgado.