Bajar la violencia

Mañana martes comenzarán en el teatro Gracia Pasquel, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los llamados Foros Escucha.

Éstos se plantean, por parte del equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como un espacio de diálogo para identificar propuestas que se conviertan en “insumos para la formulación de políticas públicas para la pacificación del país y la reconciliación nacional”.

No cabe duda que disminuir la violencia es uno de los principales retos del gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre.

Es también, a no dudarlo, el más apremiante. Desde los tiempos de la Revolución Mexicana, México no había vivido una carnicería como la que actualmente tiene lugar. Apenas estamos entrando en el segundo semestre de 2018 y ya se puede decir que éste será el año con mayor número de asesinatos en la historia moderna del país.

Hay que celebrar, de entrada, que el equipo de López Obrador señale la gravedad del problema y organice un diálogo público en el que se discuta y se propongan ideas para salir de él.

Quizá por una triste casualidad, el lugar donde arrancarán estos foros, la fronteriza Ciudad Juárez, está viviendo una escalada de violencia provocada por el homicidio de un presunto capo local.

Entre jueves y sábado, una treintena de personas fueron asesinadas, once de ellas ahorcadas en una casa de seguridad de la colonia Praderas de los Oasis, ubicada a apenas 12 kilómetros del lugar donde Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, inaugurará mañana el Foro Escucha.

Como digo, es loable cualquier iniciativa que busque acabar con el horror diario que viven muchas zonas urbanas y rurales del país.

En lo personal, me anima que detrás de la conformación de la agenda de este encuentro se halle la doctora Eunice Rendón, académica del Tec de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora de Agenda Migrante y especialista en seguridad y prevención del delito.

Hago votos para que de éste y otros espacios de diálogo surjan ideas para hacer frente a la violencia con el fin de lograr su disminución y se haga justicia a las víctimas de los hechos de sangre y a sus deudos.

Más allá de opiniones, los datos constatan que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido equivocado o insuficiente. Sin duda, se requiere un cambio de estrategia o, cuando menos, de táctica.

Dicho eso, me parece que la propuesta del próximo gobierno para disminuir la violencia tiene un problema de enfoque.

Desde los tiempos de la campaña, López Obrador abordó el tema de la violencia como el resultado de un conflicto político y no como lo que yo creo que es: Un síntoma de la ambición económica.

En septiembre de 2017, López Obrador estuvo en Ciudad Madera, Chihuahua, donde puso de ejemplo los acuerdos de paz que terminaron con la guerra civil en El Salvador como método para acabar con la violencia. Semanas después, incorporó la amnistía en su léxico proselitista.

Los anteriores conceptos han probado ser útiles en conflictos violentos de orden político. En el México de los años 70, por ejemplo, se otorgó amnistía a los guerrilleros que tomaron las armas para derrocar al gobierno. Esto se hizo para encauzar por la vía electoral la lucha por el poder.

En el diálogo para poner fin a un conflicto político, las fuerzas beligerantes se sientan a la mesa, comúnmente con un intermediario, y pactan las condiciones para terminar con la violencia.

En el diálogo al que ha llamado López Obrador, los causantes de los hechos de sangre no están convocados. ¿Con quiénes se va a negociar la “pacificación” y la “reconciliación”? Quienes podrían bajar las armas no estarán. Y tampoco muchos de los que podrían pedir perdón a las víctimas.

El problema de violencia que vive México, insisto, es de índole económico. Quienes recurren a la violencia —asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones y la infusión del miedo— no lo hacen para alterar la paz ni para tomar el poder político, sino para defender las ganancias de su negocio ilegal.

Esa violencia sólo se resuelve cuando el Estado toma en serio su deber de procurar e impartir justicia, es decir, cuando se aplica la ley.

Lo que serviría a México en este caso —como bien explicó Viridiana Ríos en su artículo de ayer en Excélsior— es detener el flujo de armas que llegan desde el otro lado de la frontera, dignificar la labor policiaca e invertir en vigilancia inteligente.

Esos tendrían que ser los ejes del diálogo público si no se quiere que el Foro Escucha termine con muchas promesas y pocas concreciones, como sucedió con los encuentros que siguieron al asesinato y secuestro de los hijos de los hoy activistas Alejandro Martí y Javier Sicilia, en 2008 y 2011, respectivamente.