La verdad ideológica

Si hay una “verdad” sobre los hechos de hace un año en Iguala que resulta más persistente que la “verdad histórica” defendida por el exprocurador Jesús Murillo Karam es la que debemos llamar verdad ideológica.

Se trata de una “verdad” cocinada al calor de la suspicacia tradicional de la sociedad y la falta de credibilidad en las autoridades, pero también de la conveniencia de grupos políticos y sociales que han hecho del victimismo una de sus principales armas.

La verdad ideológica sobre el crimen de Iguala —una de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia moderna del país— surgió desde los primeros minutos de que éste fuera cometido.

Esa “verdad” no requería de evidencias. Para quienes la han propalado, es un hecho que los normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por miembros del Ejército —mandados por un ente que ellos llaman “el Estado”— de la misma forma artera en que fue reprimido el movimiento estudiantil de 1968, y 43 de ellos fueron desaparecidos como lo hicieron los propios soldados con guerrilleros y sus presuntos y reales simpatizantes durante la Guerra Sucia.

No olvidemos que estamos hablando de una escuela en cuya currícula extraoficial se estudian temas como la revolución socialista y la dictadura del proletariado, a pesar de que ha pasado más de un cuarto de siglo desde la caída del Muro de Berlín; y donde además se venera la memoria del líder guerrillero Lucio Cabañas, quien estudió allí.

Tampoco olvidemos que los normalistas sobrevivientes dijeron que el viaje a Iguala formaba parte de una movilización cuya finalidad era llegar a la Ciudad de México —en camiones robados—, para conmemorar el aniversario de la Noche de Tlatelolco.

Para la verdad ideológica, el que los estudiantes se hubiesen topado con policías municipales al servicio de un grupo delincuencial nunca ha formado parte de la trama esencial de la Noche de Iguala.

Ha echado mano de cuanta historia inconexa y de cuantas medias verdades ha podido para aseverar que el responsable del ataque contra los camiones en los que iban los normalistas y la desaparición de 43 de ellos “fue el Estado”.

Toda explicación y toda línea de investigación que no se dirijan a ese objetivo son espurias.

Todo aquel que no acepte la tesis de que “fue el Estado” —aunque haya abundantes datos de que la comisión del crimen llega sólo hasta los policías municipales de Iguala y Cocula y los sicarios del grupo Guerreros Unidos— es tachado de “vendido”.

La dificultad de explicar lo sucedido la noche entre el 26 y 27 de septiembre ha tenido que ver con remontar esa verdad ideológica dura de roer.

Se partió de un prejuicio, de una explicación que antecedió a todas las investigaciones: como “el Estado” —entendido esto como las más altas autoridades del país— ha reprimido y matado estudiantes desde tiempos inmemoriales, pues entonces “el Estado” es responsable de esto.

Decir, con base en datos, que no fue el Estado, de ninguna manera significa aseverar que la procuración y la impartición de justicia funcionan bien en este país. Desde luego que no, y hay abundantes hechos que lo demuestran. Las cárceles están llenas de inocentes, y muchos criminales andan libres.

Sin embargo, a mí me enseñaron a atender evidencias por encima de suposiciones.

Y por eso creo que para llegar a la verdad sin adjetivos en el caso Iguala, debemos hacer a un lado la verdad ideológica porque está contaminando nuestra comprensión de lo sucedido.

No sólo eso: está arrinconando a la autoridad para evitar que llegue a conclusiones que no concuerden con la versión que ya han construido los activistas y que, desafortunadamente, también han comprado acríticamente algunos informadores.

Si seguimos por esta senda, lo más probable es que jamás sepamos lo que pasó.

Porque el gobierno federal no puede aceptar que tuvo participación en esos hechos terribles —como exigen los activistas—, pero hará todo lo que pueda por no contradecir la versión ideológica, como ya estamos viendo.

Mientras tanto, yo estaré atendiendo exclusivamente los datos duros, incluso aquellos de los que la autoridad parece ya no querer hablar.