Por Jan-Werner Mueller*
BUDAPEST.—Los desastres políticos del siglo XX han dejado una enseñanza importante que parece paradójica: a veces las democracias tienen que aplicar medidas aparentemente antidemocráticas contra fuerzas dispuestas a aprovecharse del sistema con total cinismo para hacerse con el poder y después abolir la democracia. El problema, por supuesto, es que esas medidas generan acusaciones de que con ellas la democracia ya se abolió a sí misma.
Este aparente dilema ha vuelto a escena con el ascenso de partidos populistas de ultraderecha, muchos de cuyos líderes afirman con descaro que ellos son los verdaderos defensores de la democracia. Pero la paradoja tiene solución. Piénsese en el partido Alternativa para Alemania (AfD). La amenaza que plantea al orden constitucional da buenos motivos para su prohibición lisa y llana.
En la década de 1930, el exiliado judío alemán Karl Loewenstein sostuvo que las democracias deben restringir los derechos fundamentales de quienes ponen las herramientas de la democracia al servicio de objetivos autoritarios. Loewenstein exhortó a las democracias a “combatir el fuego con el fuego”.
La idea se retomó tras la Segunda Guerra Mundial y se le dio carácter operativo en la constitución de Alemania occidental. El Tribunal Constitucional Federal la aplicó con la prohibición de un partido sucesor de los nazis, y después con la del Partido Comunista Alemán. Más cerca en el tiempo, el tribunal rechazó un intento de ilegalizar al neonazi Partido Democrático Nacional (NPD) porque no tenía posibilidades de llegar al poder, pero sugirió prohibir al Estado financiar a partidos hostiles a la democracia.
A diferencia del NPD, es muy posible que AfD forme gobierno en un estado oriental. Un prestigioso equipo de especialistas publicó un informe analizando los programas de AfD y declaraciones de sus líderes. Juristas evaluaron de forma positiva su rigor, pero el panorama político es más complicado. Muchos comentaristas temen que prohibir un partido con fuerte apoyo implique excluir a un sector importante de la ciudadanía y dar a la ultraderecha ocasión para victimizarse.
Pero estos temores son exagerados. Si a un partido no se lo prohíbe porque no es lo bastante grande para llegar al poder, con más razón hay que prohibir otro que sí lo es. Cuanto más grande sea un partido antidemocrático, mayor la amenaza. Y el costo de la prohibición no es necesariamente mayor. A veces, el programa deseado de algunos se tiene que prohibir para sostener los compromisos fundamentales de la comunidad política con la democracia, el Estado de derecho y la dignidad de las personas. El imperativo más importante es la continuidad de una competencia política libre y justa.
Se podrá decir que si un gobierno de ultraderecha aprobara leyes contrarias a la igualdad de ciertas minorías, los tribunales las anularían. Pero hasta que eso ocurra habrá gente que sufra, e incluso el hecho de permitir a un partido propugnar abiertamente objetivos antidemocráticos deteriorará la política del país, al enviar a la ciudadanía una señal de que esos objetivos tal vez sean aceptables.
El temor a que figuras de ultraderecha se arroguen la condición de mártires también es errado, porque los populistas de ultraderecha ya lo están haciendo. Su estrategia de manual consiste en persuadir a la ciudadanía de que son los únicos que plantan cara al poder y que el malvado aparato estatal los reprime.
Basta oír a Marine Le Pen en Francia o a Nigel Farage en el Reino Unido. Aunque participan en la competencia política con total libertad (a pesar de sus aparentes violaciones de normas fundamentales), se presentan como víctimas de oscuros manejos de las élites.
Queda una objeción más seria: que parece paradójico que la defensa de la democracia exija la exclusión de un partido. Pero este argumento pasa por alto que la ultraderecha rechaza el proceso básico de negociación democrática. La democracia depende de que todas las partes acepten dejarse gobernar por quien gane, pero muchos líderes de ultraderecha han dejado claro que no respetarán este acuerdo. Quieren poder ilimitado.
Las figuras de ultraderecha que llegan al poder han procurado inclinar a su favor un campo de juego que debe ser parejo. Denle a un partido de ultraderecha tiempo y poder suficientes y es probable que surja un sistema en el que todavía se celebran elecciones, pero ya no son justas. Por eso es un error decir que se está aplicando una doble vara. Uno de los dos lados quiere preservar la competencia política, el otro quiere eliminarla para siempre.
*Profesor de Política en la Universidad de Princeton
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