Por una inclusión laboral efectiva

Por Eduardo Ramírez*

México es una nación pluricultural donde cohabitan e interactúan personas pertenecientes a diversos grupos sociales, étnicos, lingüísticos y económicos, circunstancia para que exista una diversidad nacional. A la vez, eso representa un alto índice de desigualdad social y económica entre los grupos más favorecidos y los de menores ingresos.

En 2001, nuestro país propuso a la ONU la elaboración de una Convención específica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. En 2002, 189 naciones participaron en el trabajo del contenido y, finalmente, el documento se firmó el 30 de marzo de 2007.

Fue aprobado por el Senado de la República el 27 de septiembre de ese año y así “los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”.

Según cifras del Inegi, en nuestro país existen aproximadamente siete millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, en donde 45.9% son hombres y 54.1% son mujeres y la mitad de la población con discapacidad son personas adultas mayores. Las personas con discapacidad se encuentran, al igual que otros grupos vulnerables, en la necesidad de exigir el reconocimiento de sus derechos humanos y garantías individuales.

Además, deben enfrentarse a retos y desafíos que suponen un impacto emocional para ellos mismos y para sus familias, a situaciones y dificultades que suponen la necesidad de poner en marcha diferentes mecanismos sicológicos de adaptación y regulación de los que, habitualmente, no disponen.

Y por si fuera poco, desarrollan síntomas depresivos y de ansiedad, que interfieren significativamente en su funcionamiento y desarrollo, afectando a todos los ámbitos de su vida. Por lo que es necesario, sin duda, brindarles atención sicológica y trabajar en su educación emocional, requisito indispensable para mejorar la calidad de vida familiar y personal.

Tal como se evidencia en las estadísticas, del total de las personas que viven con alguna discapacidad, “52.7% tiene dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas, un 39% para ver (aunque use lentes), 17.8% para mover o usar brazos o manos, 19.1% para aprender, recordar o concentrarse, 18.4% para escuchar (aunque use aparato auditivo), 13.8% para bañarse, vestirse o comer, 10.5% para hablar o comunicarse, y 11.9% tiene problemas emocionales o mentales”. Es por ello que presenté una iniciativa para reformar la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para que exista una cuota de inclusión laboral efectiva que tutele los derechos de este colectivo.

Las personas con discapacidad no gozan de instrumentos legislativos contundentes que identifiquen y reconozcan la condición de desigualdad que los rodea, y esta ausencia contrasta con los esfuerzos realizados por los representantes sociales en diversas naciones hispanoparlantes, casos en los que dichos Estados han concretado mecanismos legales de aplicación directa, sancionables, y supervisables, con el propósito de garantizar, efectivamente, el acceso de las personas con discapacidad al trabajo digno y remunerado.

Proveamos, pues, a este colectivo de un contexto favorable, apacible, integral e incluyente donde todas las personas tengan un desarrollo que les permita forjar su libertad mediante el pleno ejercicio de sus derechos.

                *Senador por Chiapas